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Análisis

Gumersindo Ruiz

La vivienda protegida dentro de un debate

Disponer de una vivienda adecuada es una necesidad humana elemental, pues de los problemas con la vivienda surgen otros que van desde desequilibrios emocionales y en las relaciones, a dificultades en el trabajo o en los estudios. Aprovechando la reunión de la Asociación de promotores públicos de vivienda y suelo (AVS), se debatieron los retos para políticas de vivienda por profesionales de asociaciones de promotores y constructores, cooperativas, y sector público de Andalucía, en un encuentro impulsado por José María López Cerezo, presidente de AVS y gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, del que sacamos unas ideas sobre la vivienda protegida.

Sería ingenuo pensar que el próximo Plan de Vivienda 2020-2030 va a arreglar un problema tan complejo, pero es importante para definir políticas, iniciativas, y colaboraciones. En este Plan han de concretarse condiciones para acceder a estas viviendas, la transparencia, concurrencia e igualdad en las adjudicaciones, papel de los ayuntamientos en el proceso, y conseguir equilibrios entre los intereses de los promotores y el fin social que se busca; hay cuestiones como la descalificación de la protección, donde surgen oportunidades para la movilización del parque de viviendas, y dudas en relación al suelo.

La realidad es que las viviendas protegidas que se terminan en un año en España no llegan a 6.000, que es la décima parte de las viviendas libres construidas; y su promoción es principalmente privada. La vivienda protegida hay que verla dentro de nuestros dos mercados de vivienda, el normal de vivienda usada, y el de vivienda nueva, que es muy reducido y con precios en aumento. En este contexto destacamos tres ideas. La primera, que hay ir construyendo poco a poco un patrimonio público de vivienda para abordar distintas situaciones y necesidades, temporales o no, con una gestión donde el cobro del alquiler sea una exigencia y las dificultades de pago se traten por áreas sociales. Los ayuntamientos tienen suelo de la reserva que se hace en las promociones de vivienda, y formas de colaborar con entidades y promotores. La segunda es que la normativa debe ser cómoda para arrendador y arrendatario, protegiendo a éste y dando confianza a aquél, pues en el fondo ambas partes buscan estabilidad en sus relaciones. En Andalucía casi el 80% de la vivienda es en propiedad, 3,6 puntos porcentuales más que la media española, y los precios de alquiler son dispersos y sufren tensiones en zonas dentro de las ciudades, pero el camino hacia la vivienda social en alquiler es el único viable.

La tercera idea es que la vivienda social debe ser la expresión de una voluntad popular, con una responsabilidad compartida de dar oportunidades a vecinos vulnerables; la elección entre dedicar recursos a un polideportivo, por ejemplo, o a vivienda social, forma parte de un proceso de decisión sobre bienestar y cohesión colectiva. Es también un orgullo poseer un parque de vivienda que es de la colectividad, aunque se use individualmente. En fin, la iniciativa de la AVS que comentamos, ha tenido el mérito de reunir a personas para intentar encontrar soluciones a un problema complejo, frente a tanta propuesta vacía y oportunista.

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