CREYENDO que hablaban en la confianza relajada que da la conmilitancia, cinco asesores de la Diputación de Almería han resuelto, si es que hacía falta, la vieja incógnita de para qué sirven las diputaciones provinciales: para "liberar" con cargo al erario público a militantes que trabajan para su partido.

Dos de los asesores han sido muy explícitos ante la cámara oculta. El director de Desarrollo Sostenible ha confesado que carece del nivel de formación requerida y añadido con un ingenuo sarcasmo: "¿Desarrollo sostenible? Pero ¿qué sostenemos?". Una asesora asegura que ha visto una sola vez a su presunto asesorado, el presidente de la Diputación, y reconoce que no hace prácticamente nada en la corporación que le paga.

Ambos cobran unos cuantos miles de euros al mes, que el partido que los ha puesto allí -en este caso, el PSOE- se ahorra endosándoselos a la corporación, a pesar de que dedican su tiempo y sus energías a tareas partidistas. Después de las elecciones locales de 2007 los socialistas y el PAL se hicieron con el control de la Diputación y, para celebrarlo, contrataron a más de cuarenta cargos de confianza. Casi la mitad eran candidatos no electos de ambas formaciones políticas en las municipales.

Tres de los cinco asesores que, engañados por periodistas, se han sincerado acerca de la verdadera índole de sus funciones han sido destituidos por el presidente de la Diputación almeriense tras estallar el escándalo. Lo más curioso es que el equipo gobernante anunció que iba a comprobar la veracidad de los hechos. ¡Como si desconocieran a quiénes habían contratado y para qué!

Degenerando, degenerando, las diputaciones provinciales han orillado la finalidad que les encomiendan las leyes y se van consolidando como inmensas oficinas de colocación de los partidos que las controlan. Funcionan unas veces como cementerios de elefantes en los que quedan recogidos -arrecogíos, se entiende mejor- alcaldes a los que sus votantes han rechazado y militantes damnificados en alguna batalla orgánica a los que no se quiere dejar tirados, y otras veces como abrevaderos en donde pastan afiliados que desarrollan tareas internas en el partido de turno sin desgaste para la voraz tesorería partidaria.

A unos se les agradecen, pues, los servicios prestados a la causa y a otros se les abona con los impuestos que pagan los contribuyentes los servicios que continúan prestando. Y lo peor es que este fenómeno de malversación política y ética no se circunscribe a la Diputación de Almería, ni siquiera a las diputaciones en general. ¿Cuántos consejos, comisiones, empresas públicas, comités y fundaciones no hacen lo mismo? Como el Hermano Lobo: ¡Auuuuuu...!

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