EL Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el fiscal general del Estado se han visto en la obligación de salir al paso de la lamentable actuación de un grupo de sindicalistas que insultaron y descalificaron a la juez de instrucción del caso ERE, Mercedes Alaya, ante el edificio de los juzgados en el que ésta tomaba declaración al secretario general de UGT de Cádiz y a un dirigente de CCOO de Andalucía, entre otros detenidos por su implicación en el escándalo de corrupción. También la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que el día anterior había desmontado las mentiras del sindicato socialista al difundir que el Gobierno autonómico le ha obligado a devolver el importe de dos facturas falseadas, rechazó el acoso de los sindicalistas a Alaya, subrayando que los jueces deben realizar su trabajo con independencia y sin estar sometidos a presiones ni aplausos de los ciudadanos. Las dos instancias jurídicas e institucionales antes citadas coincidieron en una argumentación elemental para cualquier demócrata: en el Estado de Derecho todos los ciudadanos afectados por un auto o medida judicial disponen de los resortes legales precisos para defenderse o recurrirlos , además del amparo de la libertad de expresión que les permite criticar a los jueces. Lo que ocurre es que los liberados y militantes sindicales traspasaron con mucho los límites de estos derechos, al concentrarse durante horas en los juzgados, vociferando e insultando a la juez Mercedes Alaya y pretendiendo incluir su actitud descalificatoria en el capítulo de la lucha de la clase obrera, según su propia expresión, y exigiendo libertad a voces como si estuvieran viviendo en una dictadura que sofoca las libertades de las personas o de los colectivos. Pero estamos en un sistema democrático, en el que un poder judicial independiente investiga la comisión de delitos graves, como es el caso de los ERE fraudulentos, y los acusados no son todos los afiliados a las centrales sindicales, ni las centrales mismas, sino unos individuos determinados. Son ellos los sometidos al escrutinio policial y judicial para dilucidar si cobraron sobrecomisiones por su gestión en un expediente de regulación de empleo, y son ellos los que pueden defenderse con todas las garantías que les proporciona el Estado democrático. La reacción corporativa de los sindicalistas, por muy ruidosa y faltona que sea, no ha de perturbar la instrucción de la juez Alaya, cuyos autos, si son discutibles, pueden ser recurridos ante las instancias correspondientes. El acoso del jueves no debe repetirse, salvo que se pretenda instaurar una Justicia injusta, que exime de su rendición de cuentas a un colectivo sólo porque chilla, insulta y amenaza.