LA presidenta andaluza ha realizado esta semana un movimiento táctico atrevido, oportuno, en el ámbito nacional. Ha tirado una piedra en el estanque de la financiación autonómica y ha generado una súbita alerta roja en el País Vasco y Navarra. Susana Díaz aprovechó su presencia en Madrid para decir en voz alta lo que casi todo el mundo repite desde hace años en privado: hay autonomías peor financiadas que otras y habría que modular el cupo vasco.

Traducido, quería decir que vascos y navarros tienen un sistema de financiación privilegiado y deberían pagar más a las arcas del Estado. La respuesta desde el Norte fue un aviso de tormenta. El presidente Urkullu dijo de inmediato que no iban a permitir una modificación del concierto vasco. Y su consejero de Empleo advirtió que se estaba jugando con fuego.

El fuego ayudó a que la disposición adicional primera de la Constitución se calculara tan baja. Vascos y navarros recaudan los impuestos en sus respectivos territorios y liquidan una cantidad al Estado, en virtud de derechos forales que vienen del siglo XIX. El problema es el método de cálculo. Simplificando, el concierto vasco supone unos 1.300 millones de euros al año, desde una región que representa el 6% del PIB nacional.

Navarra, que es el 1,7% del PIB español, ha subido durante la crisis de 400 a 500 millones su contribución fiscal, según declaró su presidenta Uxue Barkos a la Cadena Ser, donde defendió un pretendido carácter solidario con el resto de España. En este caso, la solidaridad empieza por uno mismo. Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco, experto en el asunto, sostiene que el sistema foral genera entre un 40 y un 60% más de recursos por habitante que el régimen común para financiar las mismas competencias.

El consejero vasco hablaba de fuego. La alusión recuerda que, desgraciadamente, la Constitución se pactó y aprobó bajo fuego terrorista, con un centenar de muertos anuales. En ese clima se negoció con el Gobierno de UCD el primer concierto, que marcó la pauta a los demás. Hay que añadir que las armas de ETA no fueron las únicas que pesaron en el ánimo de los constituyentes. El ruido de sables en los cuarteles fue una constante en la época. Hubo varias conjuras para dar un golpe de Estado militar, hasta que cuajó la del 23 de febrero de 1981, dos años y dos meses después de aprobarse la Constitución.

Un cuarto de siglo más tarde, parece razonable abordar una reforma constitucional. Además, la cuestión catalana aconseja que se hagan ajustes. Y en esta coyuntura, Andalucía tiene un papel que jugar. La presidenta Díaz propugna desde hace tiempo un federalismo simétrico para España. Su puntualización sobre las asimetrías ya existentes es un acto de coherencia, bastante valiente. Un gesto que, por cierto, ha sido criticado desde muchos sectores políticos, PP incluido. Nadie se atrevía a poner este debate en suerte. Pero está aquí para quedarse.