LA propuesta de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, a favor de un nuevo modelo de financiación de las autonomías que otorgue a Cataluña un tratamiento singular y específico se ha mantenido en pie un rato, justo el tiempo que dura el viaje entre Barcelona y Madrid.

Ha sido acudir Sánchez-Camacho al comité de dirección del PP reunido este lunes en la capital de España y explicar su iniciativa y, enseguida, la cúpula popular le ha dado un portazo en las narices. Otros barones territoriales del partido se apresuraron a criticarla, el ministro Montoro afirmó en Sevilla que el Gobierno no hará nada que abra brechas entre los españoles y la secretaria general, Dolores de Cospedal, nada más escuchar a Sánchez-Camacho, proclamó la doctrina oficial: el próximo sistema de financiación autonómica se aprobará por consenso entre todos y su premisa básica seguirá siendo el principio de soldaridad.

Del lado de los socialistas tampoco la doctrina Alicia cosechó mejor acogida. Cierto que la primera voz surgida de la ejecutiva federal del PSOE -la del secretario de Organización, Óscar López- se apuntó al oportunismo: le dio la bienvenida integrándola sin más análisis en la "tercera vía" frente a Mas y Rajoy. Pero pronto le replicó el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, adelantando la que, creo yo, será postura oficial del socialismo: impone por la puerta de atrás un modelo contrario a la igualdad que la Constitución consagra.

Hay que decir que lo que propone, o proponía, Sánchez-Camacho no es nada descabellado. Básicamente, que se implante el llamado principio de ordinalidad (que una comunidad rica, una vez se le detraiga su aportación a la solidaridad territorial, no pierda posiciones en el ranking de riqueza en favor precisamente de las comunidades pobres beneficiarias) y que los fondos de solidaridad tengan un carácter finalista, es decir, se destinen a proyectos previamente establecidos, no a que los virreyes autonómicos que los reciban disparen con pólvora del rey.

Estas dos cosas se podrían, y se deberían, debatir en el marco de las negociaciones de todas las partes sobre la financiación autonómica. Quizás la propuesta llega demasiado tarde. No calmará a Artur Mas en su tabarra de la consulta y la secesión, y no es aceptable para PP y PSOE precisamente por aplicarse sólo a Cataluña.