EL pasado diciembre, el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía elaborado por el IESA, publicaba un dato de bastante interés, cuando va faltando ya sólo un año para las próximas elecciones autonómicas: el 32% de los andaluces desean elecciones separadas frente al 27% que no y al 32% que no sabe o no contesta. Tratándose de una cuestión tan íntimamente relacionada con el alma de nuestra autonomía, sorprende al observador que la mayoría que refleja la encuesta no sea mucho más abrumadora, lo que tiene como única posible explicación, la poca pedagogía política que se ha hecho, hasta ahora, con esta cuestión.

El Estado de las Autonomías, tal y como hoy lo conocemos, es el resultado de una constante evolución, que comienza en el año 78 y llega hasta nuestros días; es, por tanto, el producto de más de treinta años de esfuerzo colectivo.

La Constitución, en relación con la estructura territorial de España, se limitó a establecer en 1978 un Estado único, con un solo ordenamiento, y a reconocer, al mismo tiempo, el derecho a la autonomía de las diversas "nacionalidades y regiones" que lo integran. Ni siquiera determinó el carácter político o administrativo de ese derecho a la autonomía. Se limitó a garantizar que las tres "nacionalidades históricas" gozasen en el futuro de autonomía política, dejando en la más absoluta indeterminación la naturaleza del derecho a la autonomía que podrían ejercitar las restantes regiones.

Así, mientras que a Cataluña, a Galicia y al País Vasco les permitió avanzar hacia la autonomía política con extraordinaria rapidez, a las restantes "regiones" las condenó a progresar mucho más lentamente hacia esa autonomía, y a contentarse con un nivel de competencias mucho menor. Distinguió claramente la Constitución entre autonomías de primera y de segunda clase.

Este esquema constitucional, no obstante, saltó por los aires cuando Andalucía puso de manifiesto su disconformidad con el papel que la Constitución le había reservado. Tras el referéndum del 28 de febrero de 1980, la voluntad política del pueblo andaluz provocó, no sólo el acceso inmediato de Andalucía al grupo de las "nacionalidades históricas" -el club de la autonomías pata negra-, sino también la extensión progresiva de su régimen de autogobierno a todas las demás regiones de España.

Los presidentes de las tres comunidades históricas originarias, a diferencia de los de las restantes, han tenido casi desde el momento de su constitución como tales, la facultad de convocar elecciones separadas a sus respectivas asambleas legislativas. Así, tanto las elecciones catalanas como las vascas y las gallegas nunca han coincidido en el tiempo con otras convocatorias electorales.

En Andalucía, sin embargo, el presidente de la Junta no tuvo esta facultad hasta la reforma de la Ley Electoral del año 1994, que justificó expresamente esta atribución por la necesidad de equiparar a nuestra región con las otras "comunidades históricas".

A pesar de haber patrocinado la reforma, el presidente Chaves nunca quiso que los andaluces se manifestaran en las urnas de un modo separado y diferenciado en el tiempo. Por ello, desde entonces, todas nuestras elecciones autonómicas han coincidido con las generales.

José Antonio Griñán, por su parte, antes de que estallara el erescándalo del fondo de reptiles de la Junta de Andalucía, había declarado que las próximas elecciones autonómicas serían en marzo de 2012. Nada ha dicho, sin embargo, que se sepa, sobre si considera o no beneficioso para Andalucía que nos equiparemos, en esto también, a Cataluña, País Vasco y Galicia, máxime ahora, cuando desde algunos sectores se empieza a poner en tela de juicio el "café autonómico para todos", confundiendo lo que es una buena estructura territorial del Estado con lo que representa la mala gestión que de la misma se ha realizado en los últimos años; ni tampoco sobre si cree bueno o malo para nuestra autonomía, en una España en la que concurren 17 territorios para la consecución de unos recursos cada vez más escasos, que, por una vez, y con ocasión de un período electoral, se desplace hacia el sur el centro de gravedad político y mediático de nuestro país.

Sea cual sea su opinión, parece conveniente recordarle no sólo que los andaluces manifestamos claramente aquel 28 de febrero de 1980 un anhelo de autogobierno que reclama elecciones separadas, sino también que esta facultad del presidente se ha incorporado recientemente a nuestro Estatuto de Autonomía -el que votamos los andaluces-, precisamente, para que, de una vez, se ejerza.

Ahora que vamos a celebrar, con el Día de Andalucía, el aniversario de aquella fecha, es sin duda un buen momento para recordar que el derecho al autogobierno es cosa de todos, y que a todos corresponde, ahora más que nunca, por encima de intereses partidistas, defenderlo, promocionarlo y velar por él.