CUANDO las televisiones dejaron de llamarla, Antonia Castro se convirtió en un personaje incómodo. Esa era la sensación que se tenía en el cordón de acólitos de las autoridades al verla aparecer en los actos donde hubiese alguna oportunidad de foto. Ella lo sabía. La madre de Juan Holgado sabía que estando allí, junto al ministro o a la consejera, tarde o temprano alguien de la comitiva acabaría echándole cuenta. Y si le volvían la cara, gritaría, gritaría hasta desgañitarse con tal de hacer valer su afán de justicia.

Esta semana Antonia ha vuelto a hacerlo: se ha puesto al límite. Sin artificios ni disfraces, respaldada por parte de su familia y jugándose la salud, ha permanecido seis días en huelga de hambre en la gasolinera de Martín Ferrador hasta que los médicos le han aconsejado que abandone. Pero volverá, lo dice abiertamente a desconocidos, y también ante los ojos mediáticos que cuentan la noticia con los detalles dramáticos del relato humano que subyace.

Once años después, sus reivindicaciones siguen siendo las mismas. A corto plazo: que Campsa pague una indemnización por la falta de seguridad del puesto donde se produjo el crimen. A medio: seguir batallando hasta que los culpables paguen su condena en prisión.

Quedan en el aire sospechas sin certezas que no impiden a Antonia seguir buscando manivelas que abran puertas a su idea de justicia. Si no hubiera sido por su último empeño, la memoria colectiva jerezana ya habría archivado el caso, lo habría ido gastando a la intemperie del olvido como le sucede a la pancarta de la gasolinera. Y es comprensible, lo sé. Se escribió tanto sobre este caso… se crearon tantas expectativas ante la opinión pública… y se sabe tan poco, que, haciendo acopio de conclusiones, uno bien podría quedarse con el sentimiento de una madre que, después de todo, se sigue dejando la vida por su hijo.

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