LA aritmética, acompañada de ese sustantivo adjetivado, no es exactamente la misma que usted y yo aprendimos en el colegio. Porque ésta permite que sea presidente de la Junta de Andalucía el candidato del partido que no ha sido el más votado, sino el que recibe más apoyos de los diputados que se sientan en la Cámara. Se trata de una fórmula que es legal y, por tanto, democrática. Lo que es rechazable es que el acuerdo entre IU y PSOE (con una larga tradición, desde las primeras elecciones municipales, para repartirse alcaldías, sin ser los más votados) se nos venda como que Andalucía quiere que gobiernen las izquierdas. Lo que los andaluces han dicho en las urnas, dando la mayoría relativa al PP, dicho queda, y los pactos subsiguientes no tienen más significado que la mutua conveniencia de los que lo suscriben. Con razón se ha escrito en estas mismas páginas que, a la vista de los resultados, cabían tres opciones: el acuerdo PSOE e IU, con 59 diputados; el acuerdo entre PP e IU, con 62 diputados y, en fin, el acuerdo entre PP y PSOE que contaría con 97 diputados (casi el 89% de la cámara). ¿No sería lícito decir que lo que quiso el pueblo andaluz fue que gobernaran conjuntamente PP y PSOE, teniendo en cuenta que el PP gobierna en la nación y que el PSOE sería un contrapunto para políticas sociales?

Nadie puede dudar que hemos gastado mucho más de lo que ingresamos. Una familia puede entramparse para comprar su vivienda o un coche o para los gastos de la primera comunión, pero si todo lo hace al mismo tiempo y deja de pagar al banco los plazos del crédito, no podrá volver a pedir otro para irse de crucero el año siguiente. En España tenemos que pagar, sólo de intereses, 29.000 millones de euros al año, y además, para funcionar, necesitamos que nos presten 70.000 millones de euros. Si con estas trampas no hay que recortar servicios públicos, ya nos dirán los que se oponen a ello cómo conseguir que nos sigan prestando para no llegar a la quiebra total. Ahora se censuran mucho las amenazas al Estado de bienestar. De este estado disfrutábamos sin saberlo. Lo que ahora si sabemos es que el bienestar que disfrutábamos no nos lo habíamos ganado con nuestro esfuerzo, sino que era gracias a dinero prestado.

No creo que nadie esté en contra de que se supriman organismos duplicados (Tribunales de Cuentas, Defensores del Pueblo, etc.) o incentivar jubilaciones. Los sindicatos, tan poco reivindicativos con el Gobierno anterior, ahora dicen que no se van a contentar con llevar a la calle sus protestas, sino que amenazan con una especie de "revolución social" que a cualquier demócrata le tiene que poner los pelos de punta.