Tras la motorizada manifestación del pasado fin de semana en Jerez y ciertas reacciones que esta protesta ha provocado, he podido constatar una vez más la imposibilidad de entendimiento en nuestro país entre los partidarios de la Enseñanza Pública y la Privada 'Concertada', a la que aquellos han negado siempre 'el pan y la sal', desde sus postulados ideológicos y estos se han escudado en la persecución de que son objeto, negándose ambos a tratar de encontrar algún atisbo de acuerdo entre tan irreductibles actitudes lo que nos ha llevado a una situación insostenible en lo que a la Enseñanza se refiere, tras más de cuarenta años de democracia.

Que cada partido trate de imponer legislativamente su ideología, en el empeño de legislar sobre Educación, parece coherente y así hay que aceptarlo en Democracia. Que en materia tan esencial, lo ideal sería alcanzar el más amplio de los consensos para que las leyes que se promulguen tengan larga vigencia, es algo a lo que se debería aspirar siempre. Que por encima de los planteamientos políticos, deberían prevalecer el interés general y el respeto a los destinatarios de dichas leyes; alumnos, docentes, familias e instituciones; es sin duda el objetivo que habría que tratar de lograr, principios todos ellos que en nuestro sistema democrático tristemente se constata en la actualidad, a la luz de la controvertida ley Celaá que, en pleno confinamiento ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, que ni han sido tenidos en cuenta ni por supuesto han presidido el obligatorio debate que un acuerdo de tanta trascendencia exige, añadiendo un borrón mas a un grave problema que desde 1977 ha propiciado la inadmisible cifra de siete leyes; desde la General de Educación que estableció la Enseñanza obligatoria hasta 14 años y se mantuvo vigente hasta 1980; hasta esta nueva y demencial tentativa, de la llamada Ley Celaá en la que, digan lo que digan quienes la apoyan, se vuelve a crear fronteras entre la enseñanza pública y la concertada, se determina que el español, idioma que hablan en el mundo seiscientos millones, no será ya la lengua vehicular, por concesión a determinadas autonomías que intentan romper la unidad de España, o se decide acabar con los centros de educación especial, por aquello de la inclusión, amén de otros temas que no entro a comentar, para no extenderme más…

Es decir, que con la LOECE, la LODE, la LOGSE, la LOPEG, La LOCE, la LOE, la LOMCE y este engendro de ahora impulsado por el Gobierno de Sánchez e Iglesias, nuestros políticos, ya digo de izquierda y derecha, de centro y de los extremos no han sido capaces de encontrar vías de entendimiento y de diálogo y por supuesto el verdadero marco que sirva para regular de una vez por todas un asunto tan esencial como la Educación en España que sigue careciendo de medios humanos y técnicos e instalaciones adecuadas, con programas de enseñanza alejados de la realidad social y laboral de nuestro país y con sus profesionales teniendo que suplir con su esfuerzo personal lo que le siguen negando desde los poderes públicos…¿O acaso no es así, señora Celaá…?