Ahora conocemos cuál es el precio real de las cinco corbetas que Navantia va construir para Arabia Saudí: 400 bombas altamente letales para ser utilizadas en la guerra de Yemen. Tan soprendente es la alegre suspensión del contrato por parte de la ministra de Defensa -el vendedor, cosa rara, es el Ejército español- como la brocha gruesa con la que en Andalucía y, en especial, en la Bahía de Cádiz se observa una transacción que nos relaciona con una guerra cuestionada por muchas organizaciones que velan por los derechos humanos. Comprendo el difícil papel del alcalde de Cádiz, José María González. Su partido es muy crítico con los bombardeos saudíes en Yemen y, a la vez, sabe que el reducto industrial de la Bahía son los astilleros. Comprendo su contradicción interna, pero ese es el condicionante con el que deben de trabajar los políticos. Deberíamos desconfiar de las proposiciones que reciben las alabanzas de todos, porque esas son las falsas. La cuestión de estos contratos se resume en ayuda a una guerra o puestos de trabajo; quien lo niegue, miente. Quien trate de sacar partido, debería ser extrañado. Ahora bien, la decisión de Margarita Robles revela, cuanto menos, la falta de comunicación dentro de un Gobierno y su incorregible manía de apuntarse tantos progresistas sin considerar antes los condicionantes.

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