UNA hora en veinte años para investigar la financiación de los partidos. El titular del informe, publicado ayer por el Grupo Joly, no podía ser más expresivo de la incoherencia de los políticos andaluces. La comisión creada en el Parlamento de Andalucía para investigar la financiación de los partidos, convertida en comisión permanente tras las elecciones de 1994, se ha reunido ocho veces en veinte años, siempre para constituirse en cada legislatura o para proceder a la sustitución reglamentaria de sus miembros. En total los diputados de la misma han empleado 61 minutos de su tiempo, ¡en veinte años!, en el trabajo de la comisión. Ni que decir tiene que en esos veinte años no se ha avanzado ni un ápice en el necesario control de las finanzas de los partidos políticos. Si se han producido irregularidades o corruptelas en dichas finanzas está claro que no han sido investigadas. Igualmente se han puesto en marcha otras comisiones parlamentarias que tampoco han funcionado jamás o sólo lo han hecho puntualmente y lo que sí se ha producido es que sus sucesivos presidentes (566 euros cada mes), vicepresidentes, secretarios y portavoces han percibido las retribuciones suplementarias que por estos cargos les correspondían. Ahora, a petición de IU, la comisión sobre financiación de los partidos va a ser reactivada. Es legítimo, a la vista de la experiencia, que los andaluces desconfíen completamente de la utilidad de esta reactivación, una desconfianza que afecta también a la propia voluntad de los grupos parlamentarios de obrar en sentido opuesto a su actuación reiterada hasta este momento. Es por este tipo de situaciones incoherentes por lo que los ciudadanos sienten una creciente desafección hacia la política y pierden el respeto a sus representantes activos. No pueden respetar a una comisión cuyos miembros, de todos los partidos, no se han respetado a sí mismos al dejar que languidezca un órgano que tendría que desplegar una actividad fundamental en la transparencia de la vida pública y el manejo de los fondos que permiten a las formaciones políticas desarrollar unas estructuras de gran empresa o gastarse 600.000 euros en la organización de un mitin electoral. Mucho y muy sinceramente han de trabajar los parlamentarios andaluces para convencer a la opinión pública de que la comisión va a ser reactivada en serio y de que sus sesiones servirán para controlar la financiación de los partidos y evitar la reproducción de situaciones irregulares, cuando no delictivas, como las que son dolorosa actualidad en estos tiempos. Tras veinte años de inhibición es urgente demostrar una nueva actitud, acorde con las exigencias de una democracia que necesita regenerarse.