SEGÚN el informe Estado mundial de la infancia 2012: los niños en un mundo urbano, presentado el 28 de febrero por Unicef, el proceso de urbanización está dejando a cientos de millones de niños sin acceso a servicios esenciales en ciudades y pueblos. "La exclusión que sufren los niños de los asentamientos precarios no sólo les priva de la oportunidad de desarrollar todo su potencial, sino que despoja a las sociedades de los beneficios económicos que supone una población sana y bien educada", ha afirmado el director ejecutivo de Unicef, Anthony Lake.

Unicef y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, llevan trabajando 15 años en la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, construyendo alianzas que proporcionen servicios y creen áreas protegidas para una infancia más segura y saludable. Este programa en España cumple ya 12 años y en Andalucía se desarrolla ahora con más vitalidad que nunca, gracias al apoyo de la administraciones autonómica y local. En la actualidad son 15 los municipios andaluces que ostentan el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia que Unicef España otorga junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Pero queda mucho por hacer en Andalucía. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para 2011, en la región 1.648.650 personas son menores de 18 años, lo que supone el 19,57% de la población andaluza. Según esta misma fuente, en 2010 el 26,2% de los menores de 18 años en España estaban en situación de riesgo de pobreza, una cifra que en Andalucía se eleva hasta el 36,3% (cerca de 600.000 menores de edad).

Estos datos sitúan a nuestro país entre las naciones de nuestro entorno geográfico y económico con los más altos índices de pobreza infantil y colocan a Andalucía entre las tres comunidades autónomas con una mayor tasa de población en riesgo de pobreza; en relación a 2008 estos porcentajes suponen un aumento entorno al 2% en sólo dos años.

Como continuidad del Pacto Andaluz por la Infancia firmado en 2010, y ante las próximas elecciones andaluzas, Unicef ha mantenido un ronda de reuniones con Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Andalucista, reivindicando para la sociedad andaluza, como ya se hizo a nivel nacional con motivo de las elecciones generales de noviembre de 2011, dos iniciativas fundamentales: la elaboración y puesta en marcha del II Plan Integral de Infancia, y la inclusión de un Plan andaluz contra la pobreza infantil y la exclusión social en este plan integral, en línea con la Recomendación del Comité de los Derechos del Niño de 2010. Todos los partidos han asumido incluir estas propuestas en sus programas electorales, como su compromiso ante la ciudadanía andaluza.

Es necesario un nuevo enfoque en el modelo social de apoyo. Son cruciales medidas que favorezcan el empleo de personas con hijos menores a su cargo, mediante políticas activas de empleo y de conciliación de la vida laboral y personal, con especial atención a las familias con ambos progenitores a su cargo. Hay que poner el énfasis en el sistema de protección social a los niños, sobre todo para los colectivos más vulnerables (población gitana, inmigrante, discapacitados, familias numerosas y monoparentales, con bajos niveles de renta y empleo…). Se hace imprescindible que las administraciones públicas garanticen la coherencia y la coordinación de un paquete mínimo de beneficios para la infancia y sus familias.

Como señalaba el Informe del Defensor del Menor de Andalucía de 2010, impulsor con Unicef del Pacto Andaluz por la Infancia, la pobreza y la exclusión social condicionan irremediablemente los derechos de la infancia. El disfrute del derecho a una vivienda digna y adecuada condiciona el cumplimiento de otros como disfrutar de una vida familiar, a formarse y educarse con dignidad… Tales derechos para cualquier persona quedan comprometidos con las situaciones de infravivienda o chabolismo de algunas de nuestras ciudades.

La protección de la salud es otro derecho que puede verse dañado. Las capacidades económicas y sociales de las familias sirven de protección y favorecen la salud mental de la infancia y la adolescencia, promoviendo actitudes y comportamientos responsables. Con respecto al derecho a la educación, los niños que conviven en familias con bajos niveles de renta se ven afectados negativamente en sus rendimientos educativos.

La pobreza infantil supone una pérdida de oportunidades y de capital humano para la sociedad en su conjunto y la perpetuación de la transmisión generacional de la pobreza. No invertir en la población infantil ahora supone tener en el futuro una sociedad menos cohesionada, menos capacitada, menos productiva, que requerirá más gasto social y en la que los niños actuales deberán afrontar como adultos parte de las consecuencias de la crisis y asumir las exigencias de un Estado del Bienestar con una población cada vez más envejecida.

Nuestra obligación con el futuro no nos puede dejar indiferentes. La nueva legislatura que comenzará a partir del 25 de marzo es decisiva para que entre todos construyamos ciudades, pueblos, espacios, defensores de los derechos de los niños, desde la esperanza y el compromiso con la infancia en Andalucía y en todo el mundo.