COMO llevo, por razón de oficio, casi cincuenta años (47, para ser preciso) acudiendo a los juzgados, tengo una opinión, creo que fundada, sobre el estado de la Justicia en nuestro país. Allá por el año 1961 había en Cádiz dos Juzgados de Primera Instancia y un Juzgado Municipal, los tres sitos en una casa como otra cualquiera de la calle San Francisco, y la Audiencia Provincial en el Corralón de los Carros del Barrio de la Viña. Casi cincuenta años después, el número de los juzgados se ha multiplicado por mucho y la Audiencia Provincial tiene varias salas, algunas en Jerez y en Algeciras. Pero si las instalaciones judiciales de 1961 sirvieron de inspiración a la oficina siniestra de La Codorniz, cincuenta años después, siguen estando al borde de la cochambre. Como para muestra basta un botón, hace pocos días asistí en un Juzgado de Torremolinos a una denunciada y para que pudiera declarar sentada hubo que desalojar de una silla una torre de expedientes y repartirlos en otras sillas. Claro es que el problema no es exclusivamente de infraestructuras, sino de no haber sabido acompasar el aumento de la litigiosidad a la dotación de personal (resuelta muchas veces con personas sin la preparación adecuada) ni de medios técnicos (ordenadores conectados con Sevilla, a los que -como el otro día en Torremolinos- a veces "se les va la luz"). La transferencia a la Junta de Andalucía de esta competencia de nada ha servido porque las proyectadas Ciudades de la Justicia llevan cinco años aguardando su ejecución.

Por ello, las cuatro asociaciones judiciales han acordado paros e incluso una huelga. Como aquellas asociaciones acogen a miembros de todas las ideas, no puede caber duda de que no se trata de una forma de oposición al Gobierno, sino de unas reivindicaciones sentidas por la inmensa mayoría. Pese a ello, se han alzado voces de los que por sistema apoyan al Gobierno, unos negándoles la razón, en base a promesas futuras de aumento de inversiones y plantillas, y otros, por entender que siendo la Justicia uno de los tres poderes del Estado, no pueden o deben ir a la huelga.

A estos últimos les preguntaría por qué si la Justicia es un poder del Estado, otro poder del Estado -el Ejecutivo- se permitió presionarle, en el asunto del juez Tirado, para que se le impusiera la mayor sanción que el Gobierno creía procedente, cuando no era a él a quien correspondía juzgarle. La Justicia en nuestro país es lenta, se equivoca a veces -sobre todo, cuando no nos da la razón-, pero si hay que elegir entre los tres poderes -legislativo (el Congreso), ejecutivo (el Gobierno) o judicial-, yo me quedo con este último porque de los tres es el que menos mal cumple su función.