EN el libro Democracia federal. Apuntes sobre España, el profesor Francisco Caamaño escribe: "Los españoles tampoco hemos tenido la experiencia 'directa y personal' de un sistema de gobierno que se reconociese a sí mismo como federal" y "hemos convertido esa inexperiencia en un perverso prejuicio colectivo". La experiencia de la República federal de 1873, de una duración de apenas siete meses, no es significativa para marcar todo lo federal como maldito, sin olvidar que los países occidentales más desarrollados tienen precisamente este sistema de organización política.

La sola mención de la palabra federal produce rechazos viscerales, sobre todo en los sectores más conservadores. Una contradicción más, pues, precisamente la palabra federal significa unión y ser federalistas es ser unionistas, no secesionistas. El federalismo, también escribe, es, además de un conjunto de técnicas jurídicas constitucionales, "un arma de combate frente a los nacionalismos".

El problema de España es un problema de democracia, no de federalismo, dice el profesor Pérez Royo; seguimos repitiendo errores que arrancan de la Constitución de Cádiz. En España no tenemos cultura federal, porque no tenemos cultura democrática. Esta carencia es la que provoca el rechazo a cualquier cambio.

Reformar la Constitución es cultura democrática, necesaria para dar solución al problema catalán, pero también para otras muchas cosas: la regeneración y modernización de la democracia, blindar los derechos y libertades de la ciudadanía, la igualdad de género, transformar la España autonómica que es "casi" federal en otra que lo sea por completo, con un reparto competencial claro, una financiación justa, un Senado para el dialogo y la negociación, que se reconozcan las singularidades y hechos diferenciales de los diversos territorios, sin detrimento de la igualdad. Lo reitero: diversos en la igualdad, unidos en la diversidad.

Esta reforma exige partir del dialogo para llegar al consenso necesario, por eso nadie debe avanzar más en sus propuestas iniciales; sólo hay que mostrar la voluntad de llevarla a cabo y después se tienen que arbitrar los mecanismos que la actual Constitución establece. El punto de partida debe ser el acuerdo sobre la necesidad de la reforma, el punto de llegada será la reforma consensuada. "Encerrarse en la negación absoluta de todo tipo de cambio es el mejor camino hacia el desastre", dice Santos Juliá.