LOS tiempos de penuria constituyen una tierra extraordinariamente fértil para que germine la semilla del populismo, que no es sino la instrumentalización de los prejuicios de las masas para la consecución de intereses que poco o nada tienen que ver con sus verdaderas necesidades. No hay nada como la desesperación para hacer que los oídos (y los odios) se vuelvan permeables a cualquier tipo de proposición salvífica. En nuestros días, uno de los resortes más eficaces para concitar el resentimiento colectivo consiste en convertir al político en el chivo expiatorio de todos nuestros males. Ya Max Weber, en su célebre conferencia La política como vocación, advertía que el político y el periodista suelen compartir el odium que despiertan los "desclasados". No mucho después se produciría el triunfo de las ideologías totalitarias, en las que el político era reemplazado por funcionarios incondicionales al servicio de los delirios más o menor atrabiliarios del caudillo de turno.

Arden ahora las redes sociales con proclamas incendiarias en las que la clase política aparece poco menos que como una casta parasitaria que se perpetúa en sus privilegios institucionales a costa de la miseria de sus inocentes votantes. Uno de los gritos más coreados en las manifestaciones indignadas del año pasado era aquel de "el pueblo unido funciona sin partidos", que nos remitía paradójicamente a la, así llamada, democracia orgánica del franquismo ("No se meta usted en política", dicen que le aconsejaba Franco a sus ministros). Para este otoño se anuncian iniciativas tan imaginativas desde un punto de vista democrático, como esa que, al grito de "ocupa el Congreso", pretende sitiar el edificio de las Cortes. Con muy buen criterio, un diputado socialista (aún queda esperanza en la izquierda) ha declarado que dicha tentativa de secuestrar la voluntad popular equivaldría a un intento de golpe de estado semejante al que perpetró Tejero.

El mayor peligro en la actualidad para nuestra democracia procede, sin duda, de esa antesala de la tiranía que es siempre el populismo. Hace ya más de dos mil quinientos años advertía Aristóteles que "las democracias se alteran sobre todo por la insolencia de los demagogos, pues unas veces, en el aspecto privado, denunciando falsamente a los que tienen riquezas, los incitan a aliarse (pues el miedo común une incluso a los mayores enemigos), y otras veces, en el aspecto público, arrastrando a la masa". El esperpéntico episodio de un representante de la voluntad popular, cuyo nombre no rima con Rinconete, pero sí con Cortadillo, asaltando un supermercado, no es sino una de las muchas expresiones que puede adoptar este principio de disolución democrática que significa el populismo. El problema, como ya viera Valle Inclán, es que no hay nada como el esperpento para espolear las tendencias autodestructivas de nuestro pueblo.

El legado más ominoso que nos han dejado estos últimos años de institucionalización de la banalidad no es el desastre económico, sino el daño, no sabemos si irreparable, que, por un lerdo tacticismo, se le ha infligido a los principios sobre los que se ha cimentado nuestra convivencia democrática. Ya no es sólo el descrédito que se proyecta sobre la clase política, una pieza clave, por lo demás, en el entramado de cualquier democracia representativa, sino su extensión al resto de las instituciones que garantizan las libertades y la convivencia pacífica. La Transición, una de las pocas soluciones verdaderamente inteligentes y eficaces que nos hemos dado en una historia repleta de intransigencia y fanatismo, aparece ahora aviesamente representada como una especie de transacción innoble. La Constitución, que hasta el propio Julio Anguita consideraba una de las más progresistas del mundo, se ha transformado en el objetivo a batir. Por internet circulan propuestas, no ya para eliminar el Senado, sino el mismísimo Congreso de los Diputados. Fascismo, en cualquier caso, disfrazado de progresismo.

Ciertamente, la clase política (si es que se puede hablarse de tal cosa) ha acumulado en su debe un extenso catálogo de irresponsabilidades, ineptitudes y excesos, pero ¿está realmente el resto de la ciudadanía tan libre de pecados como para permitirse, aunque sea de forma virtual, esa indiscriminada lapidación colectiva? ¿Por qué florece en España o en Italia un tipo de político que resultaría inimaginable en Noruega o en Finlandia? Lo que, en mi opinión, alienta detrás de esta enmienda a la totalidad del sistema son, principalmente, dos cosas: el sueño insidioso de la llamada democracia directa, antecámara, según suele demostrar la historia, de algunas de las formas más sangrientas del despotismo. Por otra, la posibilidad que ofrece la identificación de un hipotético responsable de todos nuestros males para evitar la obligación moral que supondría un ejercicio, por lo demás, ineludible de autocrítica inteligente y constructiva.