DESMONTADO el mito de que España les roba y en franca retirada el reclamo pueril de que la Unión Europea abriría sus brazos de inmediato a una Cataluña segregada de España, los independentistas del nordeste persisten en la defensa de su argumento más emotivo y falazmente democrático: el derecho a decidir. Por esa vía nos quieren convencer de la normalidad de sus exigencias.

Claro, hombre, ¿quién va a oponerse a que se consulte al pueblo? ¿qué demócrata va a negarle a la gente la capacidad de votar lo que quiere? Hasta los Morancos, entrevistados en territorio nacionalista, han querido agradar a sus anfitriones y han afirmado eso de que "ustedes tienen derecho a decidir". Sin despeinarse.

Pues va a ser que no. La democracia consiste en votar libremente, sí, pero de acuerdo con la ley. Ningún cuerpo electoral está legitimado para votar sobre aquello que la ley no le permite votar, por muy importante que sea conocer su voluntad. Un ayuntamiento no puede organizar un referéndum para que los vecinos se pronuncien a favor o en contra de declarar la guerra a Francia ni a favor o en contra de la pena de muerte para los terroristas.

La ley que prohíbe a la Generalitat montar un referéndum para que los catalanes decidan su futuro es nada menos que la ley de leyes: la Constitución. Según la Constitución, España es indivisible y los que deciden su futuro son los españoles todos. No hay un sujeto de soberanía que sea exclusivamente catalán, andaluz o riojano, sino un sujeto decisorio único, que es el conjunto de los españoles. Ellos tienen el derecho de autodeterminarse.

Lo hicieron en un sentido concreto en 1978 y podrían hacerlo en sentido diferente ahora, pero siempre tendrán que pronunciarse todos, no una parte. Quiero decir: la Constitución no es un texto sagrado, intocable por los siglos de los siglos. Cualquier institución legal o colectivo ciudadano -incluida la Generalitat- puede proponer, y defender libremente, una reforma de la Constitución que no consagre la unidad de España y que acepte la posibilidad de que los habitantes de un territorio voten si se separan del resto o se mantienen unidos. Lo único que se les impone es que la reforma se haga de acuerdo con la propia Constitución, no fuera de la ley y por las bravas.

Derecho a decir, claro que sí, pero ¿sobre qué? Sobre lo que dicte el imperio de la ley.