TODA esta movida de la SGAE, con Teddy Bautista casi en busca y captura y los furgones de la Guardia Civil registrándolo todo a las nueve de la mañana, tiene algo de canto del cisne abrupto y desatado, como un desenlace súbito que se hubiera hecho esperar con un exceso burdo de metraje. Como en todas estas cosas, vaya por delante la presunción de inocencia y el deseo de que así sea, por más que las simpatías de la SGAE, en los últimos años, hayan seguido el mismo ritmo decreciente que la venta de discos. Independientemente del caso en sí mismo, y de las ganas con las que mucha gente ha cogido la noticia, un posible enfoque del asunto podría ser pensar si la propiedad intelectual, y la gestión de los beneficios devengados por ella, debe estar en manos de una fundación privada que únicamente busca un lucro a menudo poco transparente, y engañosamente al servicio del fomento de nuevos creadores. Pienso, por ejemplo, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, integrada en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y me pregunto por qué no puede haber una Oficina Española de Registro de Ventas, o algo así, vinculada al Ministerio de Cultura, que se encargue de verificar cuántos discos o libros de cada autor se venden cada año.

El tema no es nuevo. Sobre todo en el caso de los escritores, el único referente que uno tiene para saber los libros que ha vendido es la palabra honorable de su propio editor, que no deja de ser parte interesada en el proceso. Si un fabricante de zapatos, solamente por las veces que pasa el número de barras del producto por las cajas registradoras de toda la geografía hispánica, sabe perfectamente, y sin género de duda, el número de pares de zapatos que ha vendido durante cada curso laboral, ¿por qué un ensayista, que haya publicado un libro sobre las Cortes de Cádiz, por ejemplo, o sobre Stefan Zweig, no tiene ni un solo organismo público, independiente y veraz, para acudir y saber cuántos ejemplares ha vendido? Sin embargo, con un libro no ocurre nunca eso, y con los derechos que devienen de sus ventas, tampoco. El autor queda sometido a la autoridad del editor, que entrega unas cifras de venta que han de ser asumidas.

No pongo en duda la honradez editorial, no se trata de eso, como tampoco tengo motivos para cuestionar la ética de las discográficas, sea la que sea; pero, pensando en el saneamiento de la gestión de los derechos de autor, ¿no sería más fácil la creación de un organismo público encargado de actualizar ese recuento, con todos los nuevos medios en la red y, fuera de ella, con el tradicional sistema del código de barras? Sería el mayor apoyo posible a la creación.