EN estos tiempos, que los políticos han teñido de gris y convertido en aciagos, que nos están tocando vivir, no hay día sin que escuchemos a nacionalistas catalanes y vascos expresar, cansinos e indesmayables, la reivindicación de su "derecho a decidir". Hablan, reclaman y exigen, dicen, en nombre de la libertad, la democracia y la Justicia -¡ahí es nada!-. Apelan a un "diálogo" que, desde el momento en que lo sitúan fuera del ámbito constitucional, imposibilitan. Demandan "derechos históricos" que son incapaces de demostrar -puede que sean porque se los han inventado-. Arguyen, sin evidencias constatables, sufrir un trato injusto y desequilibrado por parte del Estado, practicando sin embargo, en el ámbito de sus competencias -y en el de las que, sin serlo, toman por tales- una discriminación contra los que, ni piensan ni actúan como ellos, próxima a la padecida por los considerados no-arios en la infame Alemania nacional socialista durante los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Instan a adaptar leyes y normas a su particular conveniencia, siendo ellos los primeros en incumplir sentencias firmes y normativas legales cuando éstas no son propicias a sus enredos y trapicheos. Pautas, reiteradas y sostenidas de comportamiento que delatan, sin temor a podernos equivocar, la prevalencia de un espíritu excluyente, radical y xenófobo, cada vez con más connotaciones cercanas a un alcanforado fascismo, obsoleto y repugnante.

Pero parece que casi todos han olvidado algo. El auge de los partidos nacionalistas en España, se debe a una discriminación positiva auspiciada por nuestra Ley Electoral, la ley de D'Hondt. De acuerdo con ella, no todos los españoles somos iguales a la hora de votar. Esta es una ley proporcional en la que se introducen unos parámetros en los que influye el número de habitantes de cada Autonomía, resultando que el número total de votos no interviene directamente en el cómputo de escaños. Resumiendo: no vale igual el voto de un catalán o el de un vasco, que el de un andaluz. En Cataluña y en el país Vasco, se pueden conseguir escaños con muchos menos votos que los que se necesitan en Andalucía. Si en la Transición está fórmula pudo ser aceptable para evitar la ausencia en la política nacional de formaciones políticas con pocos seguidores, hoy, 36 años después del nacimiento de nuestra actual Constitución, es un auténtico disparate, un disparate peligroso.

El PP y el PSOE aún tiene la oportunidad histórica de actuar con la responsabilidad que exigen los momentos cruciales en la vida de una Nación y acordar un pacto de Estado para cambiar, de una vez por todas, esta reliquia trasnochada e infecciosa, además de remozar, sustituir o eliminar algunos otros artículos de nuestra Carta Magna.

No es de recibo, por ejemplo, que los sustitutos de la ilegalizada "Herri Batasuna", la izquierda "abertzale" radical, con unos 200.000 votos en total -menos de la población de nuestra ciudad-, tengan el protagonismo que tienen en las Cortes de Madrid, con todo lo que ello implica. Eso, a mi entender, ni es representativo ni plural ni democrático. Que estén, sí, pero en la medida de los que son, nada más. Ni puede ser tampoco, que la gobernabilidad de 46 millones de personas esté mediatizada por los ajados anhelos independentistas de unos cientos de miles de ciudadanos, con todo el derecho a pensar, ser y actuar como consideren, por supuesto, pero ninguno a condicionar la estabilidad, el futuro y el progreso del resto de la Nación, eso no.

La autocomplacencia egocéntrica de personajes como Arzallus, Ibarretxe, Pujol o Mas; condiciona perniciosamente su condición política. La estrechez de sus miras, la ausencia de un verdadero sentido de Estado, la incapacidad de asumir un auténtico liderazgo basado en valores personales, potencialidades propias y capacidades de organización a medio y largo plazo y a escala nacional; son factores que lastran, hasta hacerla inviable, la oportunidad de seguir construyendo un país grande, unido y diverso. Son verdaderos "catetos" políticos.

Exigir a los políticos que las decisiones que toman sean coherentes con los hechos que protagonizan es un derecho irrenunciable que tenemos todos. Sin coherencia no es posible la credibilidad.