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La colmena

Magdalena Trillo

mtrillo@grupojoly.com

Despidos en la Junta

Andalucía no se puede permitir tener apartados a trabajadores incómodos 'cazando bulanicos'

En los Presupuestos para 2020 que el Gobierno de Juanma Moreno (PP-CS) ha logrado pactar con Vox hay una partida de 15 millones de euros "para cubrir los costes de la previsible supresión de entidades de la Administración paralela".

Traduzco: la palabra "despidos" sigue siendo tabú en la Junta de Andalucía -como en cualquier institución pública de este país- pero no la intención de mandar a la cola del paro a quienes estén cazando bulanicos. Traduzco de nuevo: llegas al sector público de la mano del político de turno, hay elecciones, por mala suerte cambia el signo del Gobierno y se produce el (inevitable) relevo. Pero con la paradoja de que no para todos...

Lo habitual en el caso de los altos cargos es que suelan resignarse a dejar su sillón: así es la política y así toca asumirlo, aunque haya situaciones insólitas como acaba de ocurrir con la ex directora del Legado Andalusí de Granada, que ha tenido la osadía de recurrir al juzgado para denunciar ¡represalias políticas! y pedir su readmisión. En la sombra, entre los profesionales de los equipos salientes, hay técnicos y asesores de absoluta solvencia que justificarían su permanencia, pero también hay colocados -sin oficio ni beneficio- que terminan sobreviviendo con puestos ideados a su medida.

La situación final es que se convierten en personal incómodo en las nuevas etapas de gestión, pero siguen cobrando sus sueldos -a costa de todos nosotros- para pasar el tiempo... sin hacer nada. (Felizmente) apartados.

Seguro que ahora mismo tiene en mente más de un nombre que responde perfectamente a esta situación. En el Ayuntamiento de su pueblo o en la Diputación provincial. En la estructura de la Junta en Sevilla, en las provincias o en los llamados chiringuitos de la Administración paralela. No me refiero al complejo problema de los interinos, con casuísticas diversas y derivadas tanto laborales como judiciales, sino a quienes han terminado convirtiéndose en privilegiados del sector público gracias a esa situación heredada y compartida en nuestro país de que aquí no se echa a nadie.

Tras cuatro décadas de gobierno socialista, reconozcamos que en Andalucía se han acumulado demasiados enchufados y asumamos también la urgencia que supone poner orden en el empleo público acabando con el abuso de los contratos discrecionales y temporales. Aunque para ello haya que incluir en la hoja de ruta la palabra "despedir".

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