La tribuna

gerardo Ruiz-rico

Dilema histórico: monarquía o república

LA realidad política española se obstina en demostrar la constancia de sus dilemas constitucionales. Durante la transición política democrática pareció que se había resuelto definitivamente uno de los más relevantes. Con la aprobación de la Constitución de 1978 se legitimó, en las Cortes y popularmente a través de un referéndum, una forma de gobierno inédita en nuestra historia contemporánea. La Monarquía parlamentaria representaba una organización política que hacía perfectamente compatible la democracia con un tipo de Jefatura de Estado no elegida por los titulares de la soberanía. Nos poníamos así al día con respecto a las demás monarquías europeas, que habían evolucionado ya en la segunda mitad del siglo XIX hacia instituciones que carecían de poder político efectivo, cuya existencia se fundaba en la autoridad moral y en su capacidad de representar al Estado en su conjunto y no tanto a la sociedad.

De este modo, durante más de treinta años la institución monárquica en España ha disfrutado de una perfecta sintonía con la inmensa mayoría de los ciudadanos, consolidándose como uno de los ejes fundamentales de nuestro sistema político. Sin embargo, este arraigo social de la Corona ha decaído claramente, y por motivos sobradamente fundados, en los últimos años.

Como demuestra sin paliativos el reciente estudio realizado por Capdea, el índice de aceptación de la Monarquía en Andalucía comienza a tocar el mismo fondo que las demás instituciones políticas o estatales, aquejadas desde hacía bastante más tiempo por una calificación de suspenso rotundo en cuanto a la valoración por los ciudadanos. No obstante, esa misma investigación impide considerar en este momento que la forma de gobierno monárquica se considere en la actualidad, y mayoritariamente, como obsoleta o desfasada (54, 2 % a favor, frente a la opción republicana, apoyada por el 34,1 %).

Pero tampoco sería del todo correcto extraer una conclusión demasiado optimista sobre la institución en cuestión -al menos para quienes se consideren categóricamente monárquicos-, ya que el estudio ponen en evidencia que la juventud andaluza no siente una afección muy elevada por la Monarquía (46,3 % monarquía, 46,5% república). Este último dato debe preocupar a quienes consideren que la dinastía actual tiene garantizado por los siglos su reinado en España; una deducción equivocada por completo si son justamente los españoles del futuro, aquellas generaciones en las que por lógica debería apoyarse su continuidad, las que la están ya rechazando.

En este punto entran en juego las reglas constitucionales vigentes, con las cuales cabría en teoría activar el mecanismo del referéndum. Pero conviene sobre ello hacer algunas precisiones. Primero y esencial, el valor de ese pronunciamiento popular sería sólo consultivo. Por otra parte, la iniciativa tampoco está en manos de quienes lo están ya proponiendo, pues depende de una decisión del presidente del Gobierno, y requiere la autorización siempre del Parlamento. Finalmente, y en el supuesto de que existiera una hipotética y masiva respuesta favorable a la instauración de una República, se necesitaría en todo caso una reforma de la vigente Constitución, donde se contempla que en esta materia hay que convocar de nuevo otro referéndum, esta vez sí vinculante por su carácter constituyente.

De todos modos, también es conveniente aclarar que en los presentes sistemas parlamentarios de gobierno apenas hay diferencias cualitativas, en relación con sus potestades constitucionales, entre los jefes de Estado de una monarquía y de una república. Desde una visión pragmática, como la que tuvieron en su día los constituyentes en los años setenta, quizás no tenga demasiado sentido, por ahora al menos, arriesgarnos a una nueva división en la sociedad española. No se trata de conjurar ningún riesgo de conflicto interno, sino de superar tanto las cosmovisiones idealistas como las excesivamente tradicionalistas, para centrarnos en lo que realmente debería mejorar la calidad democrática de las instituciones políticas del Estado.

Así las cosas, sería recomendable evitar la doble equivocación de las apariencias más superficiales. Ni las concentraciones al hilo de la abdicación del Rey son verdaderamente representativas de una mayoría social en contra de la Monarquía en España; ni tampoco cabe mirar hacia otro lado para evitar la necesidad, razonable y cada vez más imperativa, de debatir si sería conveniente una renovación de la legitimidad constitucional de aquélla. Al menos para impedir que la demagogia entre en escena una vez más, generando una nueva fractura -la primera ya se ha producido en Cataluña- en un país amante de dilemas inagotables que nos impiden prosperar como sociedad moderna.

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