LA ministra ha sacado su musculatura mas populista con un discurso bélico, anatemizando contra la libertad de quienes no forman parten de su pueblo distópico. Una amenaza del imperio emocional, con una metodología relativista con la misión de colonizar los colegios concertados mediante la prohibición a los padres de ejercer sus derechos constitucionales.

Con un relato de frustración que se fundamenta en su alfa y omega de lo que el ideario progresista entiende como democracia. Una nueva forma y vieja a la misma vez de invertir los valores sociales para conquistar el cielo para su proletariado emocional.

La actitud de la ministra, en el encuentro con las escuelas católicas, fue ante todo una apelación directa a la ruptura con los que no piensan como ella y los suyos. No fue ni responsable ni dialogante. Perdió todo marco referencial a los derechos y libertades de nuestra sociedad. Su discurso fue y es una corrupción de la idea sobre la comunidad educativa como sujeto político.

El valor epistemológico, a su interpretación del artículo 27 de la Constitución, es una condición sine qua non para todo su imaginario progresista. Un narcisismo que se funda en un ego de saberse, sin más límites, que la doctrina de la posverdad ejerce en nuestra sociedad con rasgos dictatoriales.

Una rebelión contra los derechos fundamentales de millones de ciudadanos, un cuestionamiento a la razón objetiva de los valores cristianos. Una estrategia para imponer una conceptualidad totalitaria mediante un discurso y medidas legales basados en pulsiones vengativas y divisivas.

Todo esto ha de crear un pensamiento crítico en las infraestructuras, tanto de izquierdas como de derechas, a buscar una centralidad moderada que represente una cobertura intelectual contra el ataque a la libertad que estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo. Las instituciones educativas concertadas, sus diferentes asociaciones tienen que realizar una movilización y crear un relato alternativo que reivindique las libertades. Que no se dejen subordinar por un utilitarismo económico de sus intereses. No es solo cuestión de mantener puestos de trabajos, es una lucha para defender la libertades de todos, profesores, padres y alumnos. Porque la educación no puede vivirse como un problema sino como un reto que asegurara los fundamentos de nuestra sociedad democrática.

Y mi última reflexión ¿se puede esperar algo del PP y Cs en Andalucía? ¿Callarán y después se lamentarán? ¿Desertarán a defender los derechos de cientos de miles de padres andaluces? Es el momento de la Junta de Andalucía, de asumir su institucionalidad democrática y garantizar la Constitución española como fuentes de derecho y libertad para todos. Y a los políticos en particular, que no se vaya a quedar en una declaración de intenciones, deben realizar lo que prometieron, defender la libertad religiosa y educativa de sus ciudadanos.