Lo de sacar el discurso navideño del rey de la parrilla general de TV3 sólo un día después de la cumbre pro independencia organizada por la Generalitat corresponde a ese tipo de listillos que piensan que en su terruño lo que tenga que decir Felipe no le interesa a nadie mientras que a todos los demás nos pirra. La furia por la desconexión parece cada vez más lo que ha sido siempre: una autoproclamación del orgullo de los más empollones de la clase, de los señoritos que no soportan tener que compartir sus migajas con los pobres y los holgazanes. Digámoslo claro: ¿tiene Cataluña derecho a un referéndum? Por supuesto que sí. La propia Declaración de los Derechos Humanos contempla como legítima la aspiración de los territorios a decidir su futuro, y un referéndum, tal y como ha quedado demostrado sólo en el último año, aporta suficientes garantías democráticas. ¿Resultaría razonable modificar la Constitución si fuese necesario? Sí, porque lo deseable es que el referéndum se celebre de manera pactada con España. Principalmente, porque sin este acuerdo la validez de la consulta quedaría seriamente en entredicho. Pero, más aún, y por una cuestión de sentido común, porque ni a Cataluña ni a nadie le interesa ganarse su independencia contra España, ni contra Francia, ni contra cualquier otro. No se podría empezar peor.

Es decir, un referéndum como el que plantea ahora Puigdemont debería contar con un respaldo mayoritario si desde el principio se hubiese planteado según la razón, la ecuanimidad y la justicia. El problema es que ninguna de estas tres materias se ha puesto nunca sobre la mesa. Lo que se ha percibido, más bien, ha sido, primero, un exceso de victimismo por parte de quienes más beneficiados salían del reparto de la riqueza y de quienes emprendían una persecución lingüística e ideológica contra lo que menos les gustaba de sí mismos; y, después, el despliegue de un discurso patriótico y torticero, en el que no han faltado glosas xenófobas a las distinciones genéticas en boca de Oriol Junqueras, la impune manipulación de la historia a cargo de la ANC, el señalamiento continuo de Andalucía para el escarnio y la ya acostumbrada y patética destrucción de enseñas sólo por ser ajenas, sin que falten, eso sí, banderas y más banderas, himnos en las puertas de los juzgados y toda la farándula nacionalista que condena de antemano lo que no es propio. Si así quiere la Generalitat ampliar su poder político, tal y como parece, yo me apearía de inmediato.

Tomo prestada aquí esta idea: para tirar fronteras, cambiemos la Constitución. Para levantarlas, ni una coma. Ni una.