EL de las comparaciones entre países de la Unión Europea es siempre un terreno fértil, pero minado. En el caso del actual debate sobre las similitudes entre el caso escocés y el catalán hay que andarse con mucho, mucho tiento: a cualquier paso, puede uno saltar por los aires.

En apariencia, la Unión Europea es el argumento más eficaz y sólido en manos de los que se oponen a que Cataluña o Escocia puedan acceder a la independencia. A pesar de que la UE ha dado grandes pasos hacia una verdadera unión, en el fondo sigue siendo una alianza entre Estados soberanos. Así lo está demostrando la crisis de la zona euro, cuya desastrosa gestión está siguiendo una lógica puramente diplomática, a través de un interminable rosario de cumbres de jefes de Estado. Y es que en la UE todas las decisiones realmente sustanciales, empezando por la admisión de un nuevo Estado miembro se toman por unanimidad de los estados; en otras palabras, todos ellos, incluso Malta o Chipre, disponen de la capacidad de bloquearlas. Por ello, España parece disponer en este juego de póquer de un comodín imbatible: el poder de decidir si una Cataluña independiente podría ingresar en la Unión.

No quiero pasar por alto que hay juristas que, en el marco del debate sobre la independencia de Escocia, están defendiendo una posición distinta. En su opinión, todo dependería de quién heredase las obligaciones internacionales del actual Reino Unido: si lo hace exclusivamente el nuevo Estado formado por Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, entonces Escocia quedaría fuera de la UE; en cambio, si se llegase a un acuerdo para establecer que los dos nuevos Estados son herederos por igual del antiguo Reino Unido, los dos serían miembros de la UE. Pero en mi opinión, esa acrobacia jurídica no quitaría a los estados de la UE su capacidad de impedir la entrada a este nuevo miembro, puesto que en cualquier caso habría que modificar los tratados europeos para reflejar la nueva situación y eso requiere una decisión por unanimidad. Otra línea argumental, de difícil aplicación, defiende que nada, ni siquiera un proceso de independencia, puede despojar a los escoceses de la ciudadanía europea de la que hoy disfrutan.

Pero no hay que perderse en elucubraciones teóricas. Lo cierto es que sólo una separación negociada tendría posibilidades de dar luz a un Estado viable. La pertenencia a la UE es sólo un factor más, que se suma al marco legal que establece la Constitución española. Una declaración unilateral de independencia, en cambio, llevaría a una situación caótica y difícilmente sostenible.

Ahí reside la gran diferencia entre los casos escocés y catalán. El gobierno de David Cameron ha preferido acordar unas reglas del juego y establecer un marco transparente, basado en la celebración en 2014 de un referéndum controlado por Londres. Cameron está convencido de poder ganar esa difícil batalla, a pesar de que las elecciones en Escocia dieron la mayoría a los independentistas. Su prioridad es descartar la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, que le obligaría a tomar decisiones muy difíciles.

Las primeras encuestas tras el acuerdo parecen darle la razón, pues el apoyo al independentismo ha bajado dramáticamente. Incluso en caso de que el referéndum apoyara la independencia, el proceso sería negociado y Londres podría controlarlo. Se trataría, dicho sea de paso, de un proceso descabelladamente complejo, que absorbería casi toda la atención de la clase política en tiempos en que las prioridades deberían ser otras: por poner un solo ejemplo, nadie sabe qué ocurriría con los submarinos nucleares británicos, que se encuentran en un puerto escocés, el único en el país con capacidad para acogerlos.

En España, en cambio, el Gobierno se atrinchera detrás de la Constitución y de las reglas de la UE para negarse a contemplar la posibilidad de una separación negociada. Pero a cada demostración de firmeza contra la independencia, los catalanes se sienten despreciados por Madrid y el apoyo al independentismo crece. En mi opinión, el caso inglés nos enseña que la primera responsabilidad del Gobierno es descartar el espectro de una declaración unilateral de independencia, abriendo el diálogo con la Generalitat para encontrar la mejor solución. Sólo un proceso de diálogo permitiría salir de este círculo vicioso y abrir un auténtico debate de fondo sobre los verdaderos efectos de la independencia.

Es vital que los catalanes entiendan que se meterían en un enorme berenjenal sólo para satisfacer lo que hasta ahora no ha sido más que una vaga veleidad colectiva teñida de romanticismo caduco.