La esquina

Espionaje en Madrid

LA Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación sobre la trama de espionaje a líderes políticos madrileños que ha venido destapando, en entregas sucesivas y con despliegue creciente, el periódico El País. Es la mejor forma, la del fiscal, de despejar las incógnitas que penden sobre un escándalo que puede perjudicar notablemente al partido hegemónico en la capital de España y en su región: el Partido Popular de Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Mariano Rajoy.

Y ello es así porque al Partido Popular pertenecen, en grado de dirigentes, los espiados y los presuntos organizadores del espionaje. Entre los primeros, uno es Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de la Comunidad y mano derecha de Aguirre, y otro Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Gallardón (en teoría, pues, los dos líderes-enemigos del PP madrileño podrían sentirse perjudicados). Otro supuesto espiado, Alfredo Prada, fue consejero de Justicia e Interior durante cuatro años, hasta su destitución por Esperanza Aguirre tras haber apoyado la reelección de Rajoy, cuestionada por la lideresa madrileña.

En cuanto a los espiadores, el diario citado apunta de manera expresa y directa a Francisco Granados, consejero de Interior y secretario regional del PP, que organizó un servicio paralelo de información que supuestamente vigiló y controló los movimientos de los compañeros denunciantes. Granados niega la mayor. Según él, todo es una gran mentira, ya que las labores de este departamento son las mismas que cuando se creó, durante el mandato de Leguina, y se centran en la seguridad de instituciones y personalidades.

¿A quién creer? Mejor a ninguno. Mejor esperar a que las indagaciones decididas por la Fiscalía ofrezcan sus resultados. Desde luego, existen los informes, con datos precisos y fotos, acerca de viajes, comidas y reuniones de los espiados. Falta conocer quién los mandó hacer. Al no haber sido autorizados por un juez, son claramente delictivos. Y políticamente intolerables. Es intolerable espiar a los adversarios políticos. Y espiar a los propios compañeros de partido en disputas facciosas por el poder (la lucha a cara de perro por el control de Caja Madrid no debe ser muy ajena a este entramado), además de intolerable, es necio y desvergonzado.

Alguien terminará pagando este embrollo, a poco que se descubra e interrogue a los mortadelos que han ejecutado el espionaje. Alguien con nombre y apellido, quiero decir. Colectivamente, quien ha empezado a pagarlo ya es el Partido Popular, enfangado en unas prácticas que sólo pueden producir en la gente desconfianza, malestar y desprestigio. Crece la alarma en Génova.

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