LA sociedad andaluza contempla con expectación las negociaciones que PSOE-A e IU iniciaron ayer en busca de un acuerdo que propicie la investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta. Rechazada la propuesta del candidato más votado, Javier Arenas (PP), de un programa de colaboración entre el PSOE y el PP, el más acorde con la voluntad del electorado y con la grave situación de la comunidad, las dos formaciones de la izquierda, que suman mayoría absoluta, se disponen a alcanzar un pacto que puede articularse de tres formas: como un acuerdo para la reelección del actual presidente, como un pacto de legislatura suscrito por ambos partidos sobre la base de un programa y, finalmente, como una alianza más vinculante en la que se formaría un gobierno de coalición, con reparto de consejerías. En las direcciones de los dos partidos coexisten partidarios de cada una de las tres hipótesis y es imposible saber cuál saldrá adelante. Los negociadores tendrán que partir de una premisa ineludible: Andalucía necesita estabilidad institucional y seguridad política y jurídica y no puede permitirse afrontar su actual estado de crisis y postración con gobiernos inestables, poco solventes o basados en la distribución de cuotas de poder que funcionen como compartimentos estancos y con una inspiración partidista. El presidente en funciones, y aspirante favorito a la reelección, es quien más se juega y más inteligencia está llamado a desplegar. Es el candidato de la fuerza política mayoritaria de la izquierda, a gran distancia de la otra, y malvendería su gran oportunidad si acepta, con tal de seguir en el poder, exigencias inasumibles de la coalición con la que va a asociarse. La exigencia de cumplir los compromisos sobre el control del déficit público es un ejemplo nítido de línea roja que no podrá cruzar, pero hay otros no menos trascendentales, como el hecho de que él será el presidente de todo el Gobierno que se configure, responsable de todas las consejerías y garante de todas las políticas que vayan a ejecutarse, o como la evidencia de que el modelo socioeconómico a aplicar no es negociable. Está en la Constitución. Andalucía necesita que no lo olvide.