Editorial

Europa pide información

El decreto de vivienda de la Junta no ha sido recurrido por elGobierno de la nación, pero ha suscitado recelos en la UniónEuropea

 LA   decisión de la Comisión Europea de solicitar al Gobierno información detallada sobre el decreto ley de vivienda impulsado por el Gobierno andaluz y ya revalidado por el Parlamento regional ha venido a cuestionar la iniciativa política más llamativa del Ejecutivo de coalición integrado por PSOE e IU, un año después de su formación. En sí misma la carta no supone ninguna desautorización, pero de su contenido se desprende que en la UE se duda acerca de la corrección de la nueva normativa andaluza. En concreto la sospecha se cierne sobre la eventualidad de que las medidas de sanción o expropiación temporal de viviendas vacías en manos de entidades bancarias o sociedades promotoras contradigan el memorándum de obligaciones suscrito por el Gobierno de España como condición para acogerse al rescate europeo del sector financiero. La Comisión pretende, en definitiva, recabar más información sobre el decreto ley andaluz para constatar si sus medidas más radicales contravienen las leyes del libre mercado o el derecho de propiedad que asisten a los bancos que disponen de un parque de viviendas sin vender ni alquilar. Curiosamente, el decreto que planeó la consejera de IU, aunque luego fue revisado y moderado por sus aliados del PSOE, no llegó en ningún momento a ser recurrido por el Gobierno de la nación y el propio Partido Popular de Andalucía, que lo criticó sin matices, no ha llegado a votar en contra del texto a su paso por el Parlamento, esta misma semana. Ha sido la Comisión Europea, sin embargo, la que ha venido a poner pegas a la legalidad de la norma, que de todos modos todavía ha de tramitarse como proyecto de ley y está, por tanto, abierta a la posibilidad de enmiendas y revisiones. Se presenta así un obstáculo inesperado en la trayectoria del plan más mimado por Izquierda Unida junto a los proyectos ya anunciados contra la exclusión social. Su dimensión popular es innegable, acorde con la problemática social que trata de afrontar. Ayer mismo se hicieron públicos los datos oficiales sobre ejecuciones hipotecarias registradas el año pasado. Más de 32.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas habituales por impago de hipotecas o alquileres, situándose casi en la mitad de esta cifra las que dejaron las casas en uso de la llamada dación en pago (devolución de la vivienda al banco a cambio de saldar la deuda pendiente). Aunque representa un porcentaje insignificante sobre el total de hipotecas concedidas por las entidades financieras, suponen un problema social de primera magnitud que afecta a derechos elementales de ciudadanos empobrecidos o conducidos a la precariedad por la crisis.

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