EL director general del Catastro vino ayer a Jerez para explicar personalmente los efectos de la nueva revisión de valores, que ha generado en las últimas semanas gran inquietud social. El responsable del organismo dependiente de Hacienda se comprometió a que no va a permitir que ningún valor catastral crezca por encima del 50% del valor de mercado y a que si se registra algún caso, se corregirá. Además, aseguró que el Catastro intervendrá revisando de oficio los valores si se produjesen graves crisis en el mercado inmobiliario y, prueba de su compromiso, anunció que, de manera excepcional en Jerez, las correcciones de los errores en los nuevos valores podrán realizarse sin fecha límite.

En principio hay que felicitarse por lo conseguido y por que haya sido el director general quien haya ofrecido estas explicaciones y medidas excepcionales. Algunas de las explicaciones dadas ayer podrían haber llegado antes y haber ahorrado distorsiones y malentendidos. El Ayuntamiento (que no realizó alegaciones a la ponencia de valores cuando tuvo noticias de ella) debía haber tomado antes la iniciativa en este asunto, que ha estallado en cuanto han comenzado a llegar las notificaciones a los hogares. No basta con insistir en que el recibo del IBI no subirá más de un 7% gracias a las bonificaciones municipales porque eso es sólo una parte de un problema mucho más amplio, pues el valor catastral influye sobre más conceptos. Esta revisión catastral ha de verse de manera individualizada: si un ciudadano comprueba que el nuevo valor catastral de su propiedad está por encima del 50% del valor de mercado, tiene motivos suficientes para recurrir la notificación que le han entregado.

Todo lo sucedido pone de manifiesto, de un lado, la necesidad de una mayor agilidad y transparencia de las Administraciones públicas en los momentos oportunos porque si todo lo sucedido no hubiese sido motivo de alarma, no se habrían adoptado ahora medidas excepcionales.Y por otro, exige el compromiso de las diferentes fuerzas políticas locales de pedir al Catastro que revise los valores catastrales al menos cada diez años, evitando subidas de valores bruscas como las que se van a experimentar en Jerez, que generan la lógica incertidumbre entre los ciudadanos.