EL Tribunal Supremo ha confirmado la primera condena por corrupción política en el Ayuntamiento de Sevilla gobernado por la coalición PSOE-IU. Se trata del conocido como caso de las facturas falsas que implica a un cargo de confianza del equipo municipal socialista y a un empresario en la órbita del mismo partido. El primero, José Marín, secretario del distrito Macarena, contrató determinadas obras menores al segundo, José Pardo, y tramitó el pago de las mismas, a pesar de que varias de ellas (pivotes de hierro en diversas calles, pasos de minusválidos, demolición de dos módulos) no llegaron nunca a realizarse. El total de las facturas presentadas por Pardo y pagadas por el Ayuntamiento a instancias de Marín ascendió a 10.611 euros. El escándalo, destapado hace cinco años a raíz de una denuncia del Partido Andalucista, en la oposición, costó el cargo al concejal delegado del distrito, que se vio obligado a dimitir asumiendo la responsabilidad política pertinente, aunque fue exculpado judicialmente. El funcionario y el contratista habían sido condenados previamente por la Audiencia de Sevilla por malversación de caudales públicos y falsedad documental, tras un juicio con jurado popular, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que avaló la sentencia de cuatro años y tres meses y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente, habiendo rechazado ahora el Tribunal Supremo los recursos de casación presentados por la defensa de los inculpados. El Alto Tribunal es contundente: "está fuera de dudas" la existencia de verdaderas pruebas de cargo contra ambos. El fallo definitivo, aparte de condenar a dos personas concretas, viene a deteriorar políticamente a la coalición gobernante en el Ayuntamiento de la capital andaluza y, en particular, al partido mayoritario, el Partido Socialista, en cuyas filas militaban los dos condenados, que actuaban, además, en uno de los graneros del voto socialista en Sevilla. Teniendo en cuenta que hay en marcha otra investigación judicial por un presunto intento de soborno y una venta de suelo en la empresa municipal de mercados, la situación del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, que no repetirá tras doce años de tres mandatos sucesivos, se vuelve especialmente difícil.