LA reducción del coste del sistema sanitario sin que ello suponga merma alguna en las prestaciones a los usuarios constituye uno de los objetivos básicos de todos los gestores y responsables políticos de la salud pública. Lograr la máxima eficiencia en la red de asistencia sanitaria universalizada y gratuita, uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, es una preocupación que se hace imprescindible en periodo de ajustes y control del déficit público. La Junta de Andalucía acaba de dar una vuelta de tuerca a la política de contención del gasto farmacéutico que venía desarrollando y que supone, a juicio de la consejera de Salud, María Jesús Montero, la tabla de salvación del sistema, muy por delante de alternativas tan discutibles e impopulares como el copago. Ha presentado, por el trámite de urgencia, un proyecto de decreto llamado "de medidas urgentes sobre prestación farmacéutica" que le permitirá, a partir de octubre próximo, sacar a subasta tres de los medicamentos más consumidos por los pacientes del Servicio Andaluz de Salud y protegidos por la sanidad pública: antiagregantes plaquetarios, protectores gástricos y estatinas para combatir el colesterol. Los laboratorios que resulten adjudicatarios serán los que suministren los fármacos al SAS y los que los farmacéuticos dispensarán a los enfermos con prescripción de principios activos por parte de los médicos de los centros de salud correspondientes. Aunque los colegios de farmacéuticos se muestran en desacuerdo con el mecanismo de las subastas y podrían recurrir la medida, el Gobierno andaluz ha hecho coincidir su anuncio con la firma del nuevo convenio con los boticarios que prevé un compromiso de pronto pago de las recetas de la sanidad pública. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, que había visto con prevención esta iniciativa, ha reconsiderado su actitud y ahora la contempla favorablemente. Se calcula que la Junta ahorrará un mínimo de 40 millones de euros anuales sólo con estos tres grupos terapéuticos. Es de lo que se trata.

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