Crónicas levantiscas

Juan Manuel Marqués Perales

Imbroda apaga el apocalipsis

El matiz de Imbroda es que Andalucía no es Madrid, que aquí se cumplen las leyes y que no hay duelos con escolares de por medio

Pablo Casado mandó parar, pero nadie le ha hizo caso, sólo la comunidad de Madrid, gobernada por hiperventilados, ha ampliado a seis años los conciertos con los centros de educación concertada, pero ninguna consejería de Educación del país va a adelantar el período de la matriculación del curso siguiente. La ley Celaá será inoportuna, de parte, ideológica, como todas las leyes de Educación de este país, pero no es el apocalipsis; es más, no va a ocurrir nada sustancial, como se ha encargado de subrayar esta semana el consejero andaluz, Javier Imbroda. De Ciudadanos.

Imbroda es un político sin atributos. En otras circunstancias, de bonanza económica, espumas mediáticas y liberalidades, el entrenador habría sido una estrella del fair play en la política, pero ahora bastante tiene con administrar este curso de guerra. No es que hayamos mandando a los escolares al campo, como los británicos en la Segunda Guerra Mundial, pero hemos convertido los colegios e institutos en búnkeres blindados contra el Covid. No sé si han entrado en un instituto durante estas semanas, les puedo asegurar que hay más medidas de seguridad que el depósito nuclear del Cabril. Puertas cerradas, conserjes vigilantes, llamada de atención sin la mascarilla deja al descubierto una fosa nasal, exámenes en cuarentena y 10 minutos, como máximo, para el bocadillo. El 98,9% de los centros están libres de Covid y de los 7.099 de la comunidad sólo hay cerrada una guardería en Cartaya. Este éxito, porque es un éxito, se debe a la biología de los menores, al esfuerzo de los profesores y a la propia Consejería.

Imbroda, ese político sin atributos pero con algún merecido reconocimiento, se ha opuesto a seguir la estela de Casado y de Madrid, hay enfado en el Gobierno de Juanma Moreno con él, pero lo que ha explicado es un manantial de sensatez: en Andalucía no hay problemas ni con la concertada ni con la elección de centros. Casi el 98% de las familias envían a sus hijos a los centros deseados y, cuando no ocurre, no es que se discrimine a una sobre otra, es que no hay plazas. Lo que sí impone la ley Celaá es que, a medida que vaya reduciéndose el número de alumnos, el cierre de aulas debe ser en la concertada, no en la pública.

Pero el matiz más importante que Imbroda ha aportado estos días es el subrayado de que Andalucía no es Madrid, que aquí se cumplen las leyes y que el "duelo" entre gobiernos central y autonómico se circunscribe a las llanuras del Guadarrama, lo que no impide que el consejero reclame de la ministra Celaá la misma lealtad.

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