Editorial

Inversión estatal aceptable

LA inversión recogida en el proyecto de Presupuesto Generales del Estado (PGE) para Andalucía cumple, sin necesidad de añadir matices, con el porcentaje recogido en el Estatuto de autonomía. Esto es, que la inversión sea proporcional al peso de la población andaluza en el conjunto de España. Así, el Gobierno gastará 4.410 millones de euros en el año 2009, lo que equivale al 17,8% del total. Si bien es cierto que el aumento respecto a 2008 es pequeño, del 1,49%, también es verdad que ya el año anterior el Gobierno incrementó de modo considerable la inversión en Andalucía, de ahí, que en el contexto de contención del gasto público, era previsible esperar este escaso incremento. No obstante, hay que destacar que el porcentaje de inversión del Ministerio de Fomento es dos puntos mayor al del peso de la población andaluza. Es este ministerio, el que dirige Magdalena Álvarez, el que más peso tiene en el conjunto de los Presupuestos en Andalucía. Fomento no ha incluido en sus planes nuevas obras de calado, pero sí da un espaldarazo definitivo a las ya proyectadas, antiguas aspiraciones del mapa de infraestructuras de Andalucía. Destaca la inversión en la SE-40, la nueva circunvalación de la ciudad de Sevilla, de la que no sólo se beneficia ésta, sino su provincia y otras limítrofes como las de Cádiz y Huelva; Fomento también gastará en 2009 un tercio del total del presupuesto que requiere el nuevo puente sobre la Bahía de Cádiz, una obra de gran calado, al que el próximo año se dedican 102 millones de euros, y no se olvida de seguir con la construcción de la nueva red de Alta Velocidad en Andalucía. Así, destina 122 millones de euros al AVE entre Bobadilla y Granada, un proyecto compartido con la Junta y que necesita de 660 millones de euros. Hay también olvidos, caso del Palacio del Sur de Córdoba o de Fibes de Sevilla, o el escaso esfuerzo destinado a la autovía de Cádiz a Sevilla. Otro aspecto positivo que cabe destacar es que en el articulado de la ley de PGE se incluye la obligación del Gobierno central de llegar a un acuerdo con la Junta en la cuantía de la deuda histórica, y en el pago de ésta antes de marzo de 2010.

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