José Aguilar

Irene S. A. o los socorros mutuos

La esquina

Las diputaciones se convierten en abrevaderos de políticos derrotados o en decadencia, recogidos con dinero público

18 de abril 2021 - 01:38

Alguien lamentó en su última hora: me moriré sin saber para qué sirven las diputaciones provinciales. Ahora se le podría contestar: sirven un poco para ayudar a los pequeños municipios en la prestación de servicios a sus vecinos y sirven un mucho para crear redes clientelares, recoger a líderes políticos fracasados o en retirada y asegurar el poder orgánico del partido dominante mediante el uso, y abuso, de los recursos públicos que nutren estas instituciones.

Mi compañero Sánchez Zambrano ha escarbado en la Diputación de Cádiz, que preside la sanluqueña Irene García -también secretaria general de los socialistas gaditanos-, pero lo que ha desvelado podría encontrarse, en mayor o menor grado, en otras muchas diputaciones: un enorme despliegue de asesores nombrados a dedo, bien remunerados y de funciones inciertas o directamente inexistentes.

Ahí van los datos objetivos. Con Irene García el número de asesores se ha elevado a veinte (eran seis a finales del siglo XX). El gasto en estos especímenes ha aumentado un 75% en seis años. El coste de los asesores supone 822.000 euros anuales a las arcas públicas. En sus contratos figura su dedicación plena a la institución provincial. La mayoría son alcaldes derrotados en las elecciones locales a los que se consuela proporcionándoles un sueldo por hacer una de estas dos cosas: o poco o nada. En realidad se dedican a hacer oposición en sus pueblos a los alcaldes de otros partidos que los derrotaron o realizar trabajos orgánicos para su partido, financiadas por los impuestos de todos los contribuyentes.

La tareas de asesoramiento y ayuda a los municipios podrían realizarse con modestas oficinas comarcales o mancomunidades, sin toda esta parafernalia diputacional, tan cara como inútil. Y obscena: se hace por la cara, y sin disimulo en los casos en que los llamados asesores no aparecen por sus puestos de trabajo. Son abrevaderos de políticos en decadencia. A los fracasados o purgados relevantes los mandan al Senado, y a los más selectos, al Parlamento Europeo. Los demás, a chupar del bote provincial... y agradecer eternamente su consideración a quien los designa.

El líder (lideresa en este caso) les concede unos años más de lo que eufemísticamente llaman servicio público y ellos le responden con una sumisión total en las frecuentísimas disputas internas del partido. Una sociedad de socorros mutuos. Así funciona este tinglado de la vieja farsa.

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