EN los últimos días, además de la pandemia y el ridículo de Vox, se ha hablado bastante de jueces a partir del bloqueo del PP a la renovación de su órgano de gobierno. Pero ojalá fuera ese el principal problema de la justicia española. Los ciudadanos aprecian la justicia de hoy como lenta, cara y, lo que es peor, mala. De hecho, según el Eurobarómetro publicado el pasado año, España es el cuarto país de la Unión Europea en que se percibe una peor calidad y una mayor falta de independencia de su sistema judicial, con un 55% de ciudadanos que la considera "bastante mala o muy mala". La media europea es de un 33% y solo están peor Bulgaria, Eslovaquia y Croacia. Por el contrario, los mejores serían Dinamarca, Finlandia, Austria y Suecia.

La falta de medios está detrás de la lentitud y el coste para el ciudadano por el poco alcance del turno de oficio. Con independencia de la administración de las Comunidades Autónomas, parece claro que no se pueden conseguir más medios para la administración de justicia - ni más médicos ni más maestros - bajando impuestos e ingresos públicos. ¿O no?

Pero lo realmente preocupante es la mala valoración en imparcialidad e independencia lo que, aparte del partidismo, tiene que ver con cierta lejanía de la realidad social. Nos preguntamos si habrá llegado el momento de cambiar, entre otras cosas, los mecanismos de acceso a la carrera judicial/fiscal, centrados desde 1870 en el modelo de oposición ("memorística y con cronómetro") que se ha demostrado elitista y poco permeable a las correcciones derivadas de los cambios sociales.

En el acuerdo del gobierno de coalición figuran estas cosas. Juan Carlos Campo - el más gaditano del gobierno pues es diputado por Cádiz y aquí transcurrió parte de su carrera profesional - tiene tarea. Que le dejen.

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