UNA declaración un tanto atolondrada del portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, ha venido a reactivar el frente de divergencias más profundo que mantienen los socios del gobierno autonómico: su postura sobre el escándalo de los ERE, que el PSOE capea con más miedo que vergüenza y que IU rehúye como un mal trago.

Vázquez, socialista, en respuesta a una pregunta periodística, afirmó que la Junta podría costear la defensa jurídica de los altos cargos aún en activo y altos funcionarios imputados por la juez Alaya la semana pasada. Lo justificó por la pura aplicación de un decreto del año 2000 y del Estatuto Básico del Empleado Público, que abre la vía a esta defensa "ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos". Luego matizó que hace falta que los implicados se acojan a esta norma y el Gabinete Jurídico de la Administración autonómica lo informe favorablemente.

Pero el mal ya estaba hecho. Quiero decir: la posición del portavoz, que sin duda es la del Gobierno regional (sector socialista), llevada a sus últimas consecuencias, significaría materialmente que la Junta actuaría en el proceso de los ERE a los dos lados de la barrera: como acusación -está personada en el sumario en dicha condición por estimar que el escándalo ha quebrantado el interés general de Andalucía, lo cual es innegable- y como defensora de algunos imputados (o pagadora de sus gastos de defensa, que viene a ser lo mismo), los más relevantes desde el punto de vista político. Una paradoja insufrible, más allá del ropaje legal con el que se revista.

Insufrible para el ciudadano corriente, e insufrible también para IU, que todavía no ha olvidado que sus socios hicieron fracasar la comisión parlamentaria de investigación de los ERE por no querer asumir las responsabilidades políticas evidentes en esta trama corrupta. El vicepresidente, Diego Valderas, se apresuró a asegurar que la Junta no se hará cargo de la defensa de estos implicados de postín, ni de forma directa ni indirecta (entiendo que quiere decir que ni abonará su defensa ni pagará a los defensores que ellos puedan buscar).

Al PSOE le queda por delante la ardua tarea de convencer a todos los imputados de que no se les ocurra acogerse al decreto y pedir que les costeen abogados, procuradores, tasas y trámites. ¿Será capaz alguno de poner en peligro el gobierno PSOE-IU?