Con más de tres años de retraso, PSOE y PP cerraron el jueves, al fin, un acuerdo para renovar algunas altas instituciones del Estado, excepto la que quizás era más urgente: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, se han renovado cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, los doce miembros del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y su adjunto, y los dos máximos responsables de la Agencia de Protección de Datos. Sobre el Constitucional, que es el órgano más importante de los renovados, llama la atención el perfil de los nuevos magistrados, que aunque nadie duda de su valía profesional, sí se podrían calificar como perfiles duros ideológicamente hablando. Con esta decisión, los partidos dejan claro que conciben los altos órganos judiciales como un campo más donde continuar la batalla política, algo que desde luego aumenta la politización de la Justicia y promueve la desafección de los ciudadanos hacia la misma. No se entiende por qué se ha durado tanto en renovar el Tribunal Constitucional si, al final, las opciones han sido tan previsibles. Una reflexión aparte merece el hecho de que entre los nuevos magistrados del TC no haya ningún miembro del Tribunal Supremo, como ha sido habitual hasta el momento. El enfrentamiento de este alto tribunal con los otros poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Judicial, resulta cada vez más evidente, en gran parte debido al interés de los políticos por controlar sus decisiones, o esquivarlas, como está siendo el caso de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que ya ha provocado el enojo del Supremo por su negativa inicial a ejecutar de inmediato la inhabilitación del diputado Rodríguez (Podemos) por agredir a un policía en una manifestación. Así las cosas, se comprende que la renovación del CGPJ parezca por ahora un asunto imposible. La incompetencia de nuestra clase política está afectando gravemente a la Justicia.