Fulanito y Menganita - treinta y tantos, novios eternos y mileuristas indefinidos- decidieron hace dos años unir sus vidas hasta que la muerte los separe, etcétera, y tirar por la ventana la casa que no tenían para adquirir la casa que, en puridad, no tendrán nunca. Bueno, la casa: el destartalado piso de cuando Franco tocaba la flauta dulce (si es que llegó a tocarla) y en el que es casi obligatorio ser ateo porque no cabe ni Dios. Pero en fin, el tiempo pasa, se oxidan las nenecillas del reloj biológico, y tampoco es cosa de ponerse a formar una familia semanas antes de que te prejubilen.

El palacete les costó 180.000 euros, para lo que recibieron un préstamo de 190.000, gracias a una tasación de 200.000, una operación que parece más un trabalenguas marxista (de Groucho) que otra cosa. Nuestros amigos pueden encontrarse con que la entidad financiera decida hacer otra tasación de ese piso, ahora que pintan bastos, y que ésta arroje un resultado de 160.000 euretes. Los hipotecados se enfrentarían a la devolución de un préstamo de 190.000, más intereses, por un bien que ha pasado a valer trescientos mil euros menos. Ante situaciones similares, los cautivos de deudas inmobiliarias de muchos países europeos han optado por dejar de pagar la hipoteca. Pero para que no sufran ante tan feo desaire los pobres bancos, y como está claro quién manda aquí, la inminente nueva ley del mercado hipotecario permitirá a las entidades financieras exigir al ciudadano que comprometa otros bienes si el precio de la vivienda se reduce, o, dicho con sus propios palabros: "Si por razones de mercado el valor del bien desmereciese de la tasación inicial en más de un 20 %, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza". Lo que viene a significar que, dado lo que se avecina, los Fulanitos y Menganitas que decidan tirar su casa, y casi sus vidas, por la ventana, para adquirir una vivienda, o algo que se le parezca, habrán de recurrir de ahora en adelante a avales, ya que el valor de otros objetos de cuantía, un coche por ejemplo, se deteriora de forma más rápida y no sería aceptada por la entidad financiera. El decreto, que ya ha sido tildado por asociaciones de consumidores como un "atropello a la sociedad civil", y que estará sometido a consulta pública hasta el próximo 25 de abril, lleva fecha de 11 de marzo, apenas dos días después de unas elecciones generales que ganó, menos mal, un partido socialista de primer apellido, y obrero de segundo.