DESDE el pasado miércoles, los andaluces tienen reconocido por ley un nuevo derecho: el derecho al deporte. Y es que la actividad deportiva, en todas sus vertientes, se ha convertido en factor de desarrollo y en reflejo del grado de progreso de las sociedades contemporáneas. Desde un punto de vista social, la práctica deportiva cumple una función integradora de primera magnitud, ocupa un papel destacado en el crecimiento personal y es una fuente indiscutible de valores y de hábitos saludables, en especial, para los más jóvenes. A ello hay que añadir su faceta turística, ya que las competiciones y eventos, tanto oficiales como no oficiales, se han convertido en un potente atractivo de visitantes para el destino andaluz. Pero además, desde un punto de vista económico es un sector con una gran capacidad de generación de empleo y riqueza, que en el caso de Andalucía se sitúa en 7.644 millones de euros, lo que representa el 5,4% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, y supone más de 75.000 puestos de trabajo.

En Andalucía se ha trenzado en los últimos años un tejido deportivo que ha situado a la comunidad en la vanguardia del país. Entre los hitos más destacados en esta materia, hay que resaltar la consolidación de una red de más de 15.000 instalaciones públicas y privadas distribuidas por todo el territorio, la configuración de una estructura asociativa con 62 federaciones y 20.077 clubes, el liderazgo nacional en número de licencias de deportistas (504.896) y de clubes federados (13.247), o el incremento de la práctica de ejercicio físico hasta situarse cercana al 46% de la población, lo que representa que tres millones de ciudadanos realiza actividades de forma habitual. Estas cifras suponen que nos vamos acercando a las sociedades más avanzadas de nuestro entorno europeo. Sin embargo, incorporar a la región al contexto deportivo del siglo XXI requiere de nuevos instrumentos.

Con este fin, el Parlamento acaba de dar luz verde a la Ley del Deporte de Andalucía, una norma con la que la comunidad adapta su ordenamiento jurídico a la nueva realidad que supone el auge de la práctica deportiva habitual y que parte de la consideración de esta actividad como un derecho de la ciudadanía que debe garantizarse en condiciones de igualdad, seguridad, salud y calidad. Y es un orgullo decir que se trata de un texto legislativo que nace con un alto grado de consenso, al haberse aprobado con el respaldo unánime de todos los partidos políticos, y que se ha enriquecido con multitud de aportaciones tanto de los representantes del sector como de los grupos parlamentarios durante su tramitación.

Como principales novedades, la Ley introduce una nueva clasificación que da cobertura jurídica tanto a la competición federada como a las actividades deportivas de ocio y a las no oficiales, como las carreras populares, e incorpora distintos mecanismos para la protección de los usuarios de centros deportivos, gimnasios, piscinas, clubes y todo tipo de servicios en este ámbito. Estas medidas se refieren a la regulación de la cualificación profesional en el sector, de modo que el nuevo marco legal fija los títulos oficiales, las cualificaciones y el ámbito funcional de las profesiones relacionadas.

Igualmente, se trata de una norma pionera en materia de accesibilidad e igualdad, ya que presta especial atención a colectivos sociales en riesgo, incorpora medidas para fomentar la práctica de personas con discapacidad y protege el acceso de los mayores a estas actividades. También incorpora la perspectiva de género mediante programas de impulso del deporte femenino y del acceso de las mujeres a niveles de responsabilidad y decisión, al obligar en este caso a que su presencia en los órganos directivos de las federaciones sea, al menos, proporcional a su número de licencias.

Este texto supondrá también un avance en la transparencia de las federaciones, a través de medidas como la aprobación del Código de Buen Gobierno o la creación del Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas, que será el órgano de participación de estas entidades en las políticas autonómicas sobre la materia. Otras novedades son la creación de una tarjeta sanitaria específica para el deportista federado, de la Comisión Andaluza Antidopaje, de una comisión para prevenir y combatir la violencia, el racismo y la xenofobia, y del Tribunal Administrativo del Deporte. Finalmente, destaca el capítulo dedicado a la medidas de I+D+i, especialmente enfocadas a la medicina, las aplicaciones tecnológicas y la mejora de gestión.

En definitiva, esta Ley, tanto en su texto como en su posterior desarrollo normativo, dotará a las administraciones y a todos los actores que conforman el sistema deportivo andaluz -federaciones, clubes, universidades, empresas, entrenadores, deportistas y científicos- de los instrumentos adecuados para cumplir con los objetivos de aumentar la práctica de ejercicio físico entre la población; impulsar la competición en todos los niveles, desde la base hasta la élite; fomentar la profesionalización y la aplicación de I+D+i; proteger la salud y los derechos de los consumidores y de los deportistas; garantizar la accesibilidad y la igualdad de género; y favorecer el papel de esta actividad como sector productivo con gran capacidad de generar riqueza y empleo.