LA Fiscalía General del Estado decidió el viernes solicitar al Tribunal Supremo que rechace la inscripción en el registro oficial de partidos políticos de Sortu, la nueva marca que ha ideado la llamada izquierda abertzale para tratar de presentarse a las elecciones municipales del 22 de mayo. La decisión fue adoptada rápidamente, en cuanto la Fiscalía pudo examinar los informes remitidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los informes se basan en un punto nuclear común: Sortu es continuidad de Batasuna, partido que fue declarado ilegal, no por sus ideas independentistas -hay que proclamarlo una vez más-, sino por ser el brazo político de la organización terrorista ETA. Batasuna había sido ilegalizada, en efecto, en aplicación de la ley de partidos por ser una formación subordinada en su nacimiento, estrategia y desarrollo a una banda terrorista causante de más de ochocientas muertes. Aunque Sortu, en su reciente presentación pública, anunció formalmente que rechazaría a partir de ahora cualquier acto de violencia, y mencionó de modo expreso a ETA, su negativa a condenar la trayectoria de la banda, la identidad de sus máximos portavoces y quienes les flanqueaban como paladines de la estrategia etarra y la existencia de documentos y declaraciones de la banda apuntando a la necesidad de volver a las instituciones han hecho concluir a los investigadores, y también a los ciudadanos, que Sortu no es más que el disfraz de conveniencia adoptado por el radicalismo vasco para reforzar su frente político logrando alcaldes y concejales en los comicios de mayo. Alcaldes y concejales, obvio es decirlo, que en cuanto tomasen posesión de sus cargos, se plegarían a las directrices de la banda. Como hicieron antes bajo la fórmula de Batasuna, Herri Batasuna, ANV o PC de las Tierras Vascas. Esto es lo que tratan de impedir el Ministerio del Interior y la Fiscalía del Estado poniendo a disposición del Supremo los argumentos que le han de llevar a la declaración de ilegalidad de Sortu. La buena noticia es doble: a diferencia de etapas anteriores, la sintonía entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, en la política antiterrorista es total, y Rubalcaba ya ha advertido que el Gobierno está preparado para afrontar el plan B que, sin duda, tienen los batasunos: tratar de colar sus candidatos en las listas de algún partido legal, como Eusko Alkartasuna. No les será fácil a los lobos disfrazarse esta vez.