CUANDO el sabio señala a la luna, los tontos miran el dedo. Y cuando la Justicia enfila a algún cargo público del Partido Popular, los listos del PP miran hacia la Justicia, jamás se preguntan si el cargo investigado ha podido hacer algo ilegal. No le aplican la presunción de inocencia, como sería normal, sino la absoluta seguridad de inocencia. Todo es una confabulación anti PP en cuyo origen está la mente perversa de Rubalcaba.

En la parte de Levante este axioma se cumple a rajatabla. Como antes en Valencia (Camps), Castellón (Fabra) y Alicante (Ripoll), en Murcia se indaga ahora una presunta trama de corrupción urbanística. Han sido detenidos el director de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y otras dos personas y están imputados el concejal de Urbanismo, perteneciente al Partido Popular, y el dueño del Real Murcia, beneficiario de una imponente recalificación de suelos a cambio de comisiones ilegales. Los supuestos delitos son los habituales en estos casos: malversación, cohecho, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La instrucción la dirige el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y las detenciones y registros se fijaron en una reunión entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil celebrada el día 15 de septiembre. Este detalle importa poco a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, porque podría estropear la argumentación que abre su manual de instrucciones para asuntos de corrupción del PP: "Es una de las operaciones de distracción que, lamentablemente, tanto gustan al Gobierno". En este caso concreto de Murcia, se trataría de lograr que dejen de ser actualidad temas como las elecciones primarias del PSOE de Madrid o la subida del paro.

Sólo en algo tiene razón esta señora De Cospedal, bien colocada en la lucha por el título de Miss Antipatía de la política española: en la queja por el despliegue policial y mediático que ha acompañado a los registros y detenciones de Murcia. Hemos visto ya demasiados guardias, demasiadas esposas y demasiada pena de telediario aplicadas a individuos que ni siquiera han sido juzgados y condenados. Pero esto vale para toda clase de políticos investigados y no afecta sólo a los militantes del Partido Popular. Es una patología cuyos responsables merecen ser denunciados.

En todo lo demás desbarra el PP. Ni los jueces y fiscales son obedientes autómatas de las consignas del ministro del Interior, ni la Justicia persigue con singular animadversión a los supuestos corruptos de la oposición ni el Estado es un dócil instrumento al servicio del socialismo gobernante. Lo único constante y verificable es que la reacción de De Cospedal es siempre la misma. Ahí sí que hay una maniobra de distracción inasequible a los exhortos de la realidad.