EN Loeches, un pueblo de la Comunidad de Madrid, un pequeño empresario ha pasado varios días parado delante del Ayuntamiento, con amenaza de quemarse a lo bonzo si no le pagaban el dinero que le deben, unos 450.000 euros.

Lleva meses clamando por lo que es suyo, puesto que realizó trabajos para el Ayuntamiento; al no cobrar está en situación de máximo riesgo: su empresa familiar, de construcción, se puede venir abajo, lo que le deja en el paro a él y a quienes trabajan para él.

La noticia se produce cuando el presidente se reúne nuevamente con directores de los grandes bancos, a los que va a pedir, también nuevamente, que faciliten operaciones de crédito a las empresas en dificultades y también a los ciudadanos de a pie que quieren adquirir una vivienda, un automóvil o poner en marcha un proyecto que les permita encarar el futuro con cierta seguridad. Y se produce semanas después de que el presidente y su ministra de Administraciones Públicas hayan presentado con gran alarde publicitario un plan de ayuda a los ayuntamientos para que inicien proyectos de obra pública, de manera que se puedan llegar a crear hasta 400.000 puestos de trabajo. Puestos que sólo durarán el tiempo en que se realicen esos proyectos, lo que evidentemente no da garantías de continuidad.

Si tanto preocupa al Gobierno el desempleo, que es verdaderamente motivo de preocupación, en lugar de donar 8.000 millones de euros a los ayuntamientos sólo y exclusivamente para nueva obra, podría ofrecerlo para que dejaran de ser morosos, para que pagaran sus deudas, para que permitieran salir adelante a los miles de españoles que han cerrado sus empresas, o han visto cómo cerraban las empresas en las que trabajaban, porque no han podido sobrevivir a la falta de cobro.

Es incomprensible que el mismo Ayuntamiento que debe 450.000 euros haya recibido unos miles de euros para realizar ciertas obras que darán trabajo por unas semanas a quienes las realicen, mientras manda al paro a un pequeño empresario y a quienes trabajan con él. Da la impresión de que lo que importa es llegar a las elecciones próximas presumiendo de haber creado nuevos puestos de trabajo en las semanas previas a esas elecciones. Lo de menos es que esos nuevos empleos sean de mínima duración, y lo de menos también es que en lugar de crear esos empleos precarios se tomaran medidas para impedir el cierre de empresas que se han visto incapaces de cobrar lo que les deben ayuntamientos, diputaciones, consejerías y ministerios.

Porque aquí todo el mundo habla de la morosidad a los bancos, pero nadie de la morosidad de las instancias oficiales. Que es mucho más grave.

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