QUIZÁ el peor momento para revisar los valores catastrales de todos los inmuebles de la ciudad fue el elegido por el Ayuntamiento -ajeno a la crisis financiera que se venía encima, pero no a la inmobiliaria- para que la dirección general del Catastro se pusiera manos a la obra. Nadie puede cuestionar que los valores estaban desfasados porque hacía más de 20 años que no se revisaban, pero de igual forma es innegable que la ponencia se realizó en pleno 'boom' del sector de la construcción y con unos precios de mercado más que desorbitados, que nada tienen que ver con la realidad actual. A esto hay que sumarle los numerosos y abultados errores que se cometieron durante el proceso, muchos de ellos incomprensibles, admitidos por el propio Catastro y corregidos sobre la marcha. No pocos expertos en la materia aconsejaron una nueva revisión, aunque el orgullo y empecinamiento pudieron más y se mantuvieron los mismos cálculos, obligando al Ayuntamiento a aplicar ingeniería financiera para que los contribuyentes no se pusieran en pie de guerra al observar los nuevos recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). No hay que obviar que los más perjudicados son los ciudadanos, indefensos en estos casos porque para recurrir este tipo de medidas hay muy poco margen de actuación, a la vez que hay que estar muy bien preparados para la defensa. La prueba está en que, pese a las muchas incorrecciones, sólo han recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Teara) unas 1.200 personas, cuando se han revisado más de cien mil inmuebles. El Teara ya ha resuelto esta semana los primeros casos a favor de los jerezanos que sí reclamaron, y el Ayuntamiento por ahora sigue sin pronunciarse. ¿Qué hará el gobierno local ante la probable hipótesis de que todas las resoluciones 'tumben' el 'catastrazo? La oportunidad que se le presenta ahora es de lujo para posicionarse del lado del contribuyente. Aunque también puede mirar hacia otro lado y permitir que los que reclamaron se salgan con la suya y el resto, esto es, el 99%, se tenga que resignar con una ponencia de valores que, según empieza a dictar el propio tribunal, no se hizo con el preciso rigor.