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El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha emitido un comunicado francamente alarmante. En él, subraya que la aplicación de dos normas coincidentes en el tiempo (la que eleva el salario mínimo y la que instaura el XV Convenio Colectivo del sector) provoca incrementos salariales inasumibles para las entidades andaluzas. Ello, añade, pondrá en grave peligro la propia sostenibilidad de nuestros centros de atención a discapacitados.
Era, por supuesto, absolutamente necesario y justo mejorar las condiciones laborales y las retribuciones de los trabajadores afectados. Pero, en el caso del Convenio, su vigencia quizá termine provocando un resultado funesto. Al ser de ámbito estatal, el precitado Convenio no recoge las especificidades propias de cada comunidad autónoma y las modificaciones al alza que plantea, que tal vez sean factibles en entidades de regiones con mejores perfiles económicos, no lo son en las andaluzas. Dicho de otro modo, si en nuestra Comunidad no se afronta, y ya, el necesario aumento de la financiación pública del coste/plaza, es más que probable que las asociaciones andaluzas dedicadas a este servicio se vean abocadas al recorte de plantillas, a gestionar ERE parciales e incluso al cierre de algunos recursos. Obviamente cualquiera de estas circunstancias supondría un paso atrás muy considerable en la calidad hoy conseguida y un inaceptable fracaso del sistema. Es urgente, pues, que la Junta de Andalucía, que sabe que todas las plazas que gestionan las asociaciones son de carácter público y que éstas lo hacen de forma subsidiaria a la Administración, tome conciencia de la magnitud del problema y adopte las decisiones imprescindibles para su solución.
Hablamos, al cabo, de miles de puestos de trabajo, ahora en el aire, y de una coyuntura tenebrosa: de no haber arreglo, se dispararán las tensiones entre profesionales y familias y se romperá la paz social de la que ahora, tras la crisis, disfruta este movimiento asociativo.
Siendo, como es, un asunto de primer orden, extraña que no esté mereciendo el menor interés informativo. Sirvan estas líneas de aviso a los ciudadanos: los discapacitados andaluces corren el riesgo de ver drásticamente empeoradas sus condiciones de atención. Llegan, otra vez, días oscuros. La estructura se tambalea y sólo una respuesta rápida, sensible y eficaz del Gobierno andaluz evitará el desastre.
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