EL último Debate sobre el estado de la Comunidad de esta legislatura , celebrado el miércoles y el jueves pasados, se convirtió, en realidad, en el primer gran debate de la campaña electoral venidera. Con la legislatura en vías de conclusión, los tres candidatos nominados a presidir la Junta de Andalucía presentaron sus ofertas al electorado, José Antonio Griñán y Javier Arenas rivalizando a tumba abierta por vender la continuidad y el cambio, respectivamente, y Diego Valderas exponiendo las condiciones en las que IU estaría dispuesto a apoyar la investidura del primero: básicamente, el giro hacia una política de izquierdas. Consciente de su necesidad imperiosa de dar respuesta a la defección de la ciudadanía hacia las propuestas socialistas expresada en las recientes elecciones municipales, Griñán desgranó una treintena de medidas de impulso económico y regeneración política con el compromiso expreso, aunque tal vez optimista en exceso, de ponerlas en práctica en los meses que quedan hasta final de año. Fueron aprobadas gracias a la mayoría absoluta que el PSOE ostenta en el Parlamento andaluz, la misma que, por el contrario, rechazó todas las propuestas de resolución defendidas por IU, excepto tres, y todas las del PP, excepto una. Desgraciadamente, el gran acuerdo para prestigiar la política del que habló el actual presidente se limitó a tres puntos: la supresión de privilegios de la clase política en materia de pensiones, la prohibición a los diputados de percibir retribuciones públicas o privadas distintas a las que obtienen por su actividad parlamentaria y el novedoso escaño 110 reservado a los promotores de iniciativas legislativas populares, cuyos requisitos se verán suavizados. Se trata de un avance pequeño. Habría merecido la pena que la mayoría socialista hubiera atendido con más simpatía algunas de las iniciativas presentadas por el PP, y compartidas en parte por IU, como la limitación a ocho años del mandato de los presidentes, la separación temporal de las elecciones autonómicas y las generales, la supresión de las cesantías de diputados y altos cargos y la exclusión de familiares de políticos en activo de los contratos con la Junta sin concurso público. Cuando haya elecciones los andaluces se pronunciarán por uno de estos dos modelos de gestión política, además de por una política económica. Los tres partidos adelantan sus cartas para ese momento próximo.