LOS Presupuestos Generales del Estado entregados el pasado jueves al Congreso de los Diputados por la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, constituyen un ejercicio de equilibrismo con el que el Ejecutivo trata de resolver un complejo entramado de fuerzas contradictorias: necesidad de austeridad por el compromiso de reducción del déficit, voluntad política de no reducir el gasto social y urgencia de no bloquear las posibilidades de recuperación económica. Precisamente por este intento de cuadrar el círculo, pensamos que los Presupuestos apenas gustarán a nadie, por más que ya se haya llegado a un pacto político con el PNV -con compensaciones para Euskadi ya analizadas- para garantizar que contarán con respaldo parlamentario suficiente. Entre las cuestiones fundamentales que las cuentas estatales deben cumplir forzosamente está una impuesta desde el exterior, como es el 18% de recursos que se dedica al pago de la deuda. Este montante y el coste de mantener el subsidio de desempleo se convierten, por tanto, en partidas fundamentales de los Presupuestos. Frente a esa realidad tangible, las cábalas económicas del Gobierno ofrecen su mayor debilidad en la previsión de crecimiento: el 1,3%. Sencillamente,no es creíble. Los 16 servicios de estudios de entidades financieras existentes apuestan por menos de la mitad (0,6%) como media. Esa ficción de elevar las previsiones de crecimiento esconde una clara intención: aparentar que se creará empleo, porque con las cifras de los expertos es imposible. Demasiado optimistas son también en las previsiones de ingresos por recaudación tributaria. Incluso con subidas impositivas, el hecho de que hay menos actividad económica lastrará su aumento. Una dosis de optimismo por parte de los gobiernos es necesaria, pero creemos que éste se ha excedido. Por lo demás, las cuentas confirman los duros ajustes en infraestructuras y en Investigación más Desarrollo y Educación, una política que no ayuda en nada a cambiar el modelo económico actual. Sobre todo cuando los recortes en gasto no abordan una necesaria reforma de la Administración, porque obvia una recomendable reducción de ministerios y organismos, especialmente autonómicos.