La tribuna

miguel Ángel Núñez Paz

Prisión perpetua y terrorismo

ME gustaría hacer una reflexión técnica dirigida a quienes suponen erróneamente que las penas de prisión perpetua impuesta a los nauseabundos crímenes de los etarras Mikel Carrera Sarobe y Saioa Sánchez Iturregui por las siete jueces del Alto Tribunal parisino, podría ser superiores a una sanción penal de las impuestas por la Audiencia Nacional en España.

Vayamos al asunto en cuestión: aunque, en sentido estricto, por cadena perpetua se entiende una pena privativa de libertad que se extiende sobre todo el resto de la vida de un condenado, en la práctica se suele aplicar a aquellas cuya duración real ocupe más de veinte años en prisión. No es momento de recordar la brutalidad psicológica y personal que supone una sanción de esa intensidad para cualquier penado (independientemente de lo inmundo de la acción perpetrada), absolutamente incompatible con los fines de la pena expresados en nuestra Constitución; ya lo señalé en estas páginas hace tiempo.

La defensa de estas atroces penas únicamente pueden responder a un intento de regularizar la venganza por vía legal en la forma que lo hacía el remoto, furibundo y visceral impulso del "ojo por ojo", vigente en el tan remoto Código de Hammurabi (1760 a. C.), y en ningún caso puedo creer que lo haga a la preocupación por mejorar "la seguridad" o a la efectiva lucha contra la delincuencia.

Resumiré mi postura al mínimo posible auxiliado por la difusión de un dato relevante: el tiempo medio de cumplimiento de las penas perpetuas en Alemania, Reino Unido y Francia oscila sobre los 15 años. En Francia el Tribunal puede decidir un tiempo efectivo de 30 años (parece que han sido 22 y 28 en los casos que nos ocupan, según informaciones periodísticas).

Mientras, por su parte, desde el Gobierno español se ha anunciado que el futuro cumplimento efectivo oscilará sobre los treinta y cinco (el dato más alto de todo el entorno occidental), si bien es verdad que el anteproyecto de Código Penal de 2012 cuando aborda el problema de un condenado a una sola pena de prisión perpetua revisable por un delito de terrorismo del artículo 572.2.2 sitúa la barrera de la libertad condicional en los 20 años, y cuando responde por varios delitos castigados con pena de prisión perpetua revisable, a los 22; con lo cual, visto el escaso número de años que les separan, se puede originar un importante efecto criminógeno, de tal forma que si el delincuente analiza en términos cuantitativos la pena y los delitos, decida cometer más de uno, como ya ha señalado alguna colega recientemente.

Todo ello sin olvidar que, con la actual regulación penal procedente de la reforma de 2003, el límite máximo de las penas se puede extender hasta los 40 años para el caso de concurso de delitos graves de terrorismo, incluidos supuestos en los que no se hayan cometido delitos de sangre. Esa elevación de la barrera punitiva, sumada a otros obstáculos ya aprobados anteriormente para impedir el acceso a permisos penitenciarios, tercer grado o a la libertad condicional, deviene en una enérgica represión desde el contenido de la pena de prisión y, desde mi punto de vista, de difícil parangón en el entorno europeo.

Incluso, junto a ello, podría reflexionarse sobre la aplicación de la llamada doctrina Parot que, desde 2006 hasta muy recientemente, podía ampliar el cálculo del tiempo de reclusión y que parece últimamente reinterpretada -en materia de Derechos Humanos- de forma más restrictiva por Estrasburgo.

En el últimos tiempos, el ministro de Justicia ha estado dándole vueltas sobre a quién debe afectar la implantación de la prisión permanente revisable, anunciando en septiembre de 2012 en rueda de prensa que finalmente se aplicaría -entre otros- a los casos de actos terroristas con resultado de muerte. Sin embargo, no creo que en la práctica esta aparente consideración de gravedad se traduzca en una represión aún más dura. Ni siquiera para determinados delitos de los que la psicosis mediática y política de ausencia de seguridad (nacida de los fatídicos y brutales atentados de Nueva York, 2001, y de Madrid, 2003) hace que incluso puedan responder con penas muy graves figuras no relevantes o sujetos que nada han tenido que ver con la ejecución real del delito.

En semejantes términos se expresan la gran mayoría de mis colegas y, por citar unas notables referencias, les recomiendo la obra que dirige el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, Javier Álvarez, sobre el citado anteproyecto ahora en discusión y la algo menos reciente del catedrático de la Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, dedicada a los delitos de terrorismo, donde se señala muy acertadamente cómo la escalada penal sobre estos crímenes contribuye a intensificar la crisis de un sistema penal y penitenciario que genera múltiples problemas sociales en lugar de resolver aquéllos.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios