SE esperaba con justificada expectación la reunión extraordinaria del comité ejecutivo del PP y la comparecencia de su presidente, Mariano Rajoy, también del Gobierno. La ocasión lo merecía con creces: las denuncias de corrupción surgidas de la difusión de los ya conocidos como "los papeles de Bárcenas" (que fue gerente y tesorero del partido durante dos décadas) han constituido un torpedo en la línea de flotación del PP y del propio Ejecutivo, provocando serias dudas sobre su financiación y cuestionando su credibilidad democrática. Ambas iniciativas, la de reunir al comité y la de comparecer -sin permitir preguntas- ante los periodistas, se han saldado con una decepción. Lo que ha habido es un enrocamiento de los dirigentes del partido gubernamental y un cierre de filas impropio de las exigencias de la sociedad española, achacando la sucesión de acusaciones a una operación premeditada que busca dañar al PP y a España. Con respecto a Rajoy, se ha limitado a defender su honradez personal y a negar rotundamente que en su partido se haya recibido dinero negro o se haya pagado con él. Lo que los ciudadanos aguardaban era bien distinto: una explicación clara y contundente sobre la financiación del PP en los últimos años, el modo en que han sido retribuidos sus cargos orgánicos y el tipo de relaciones mantenidas entre la organización y determinados empresarios. Porque lo que se ha conocido no son elucubraciones. Cada día se descubren nuevos indicios e incluso pruebas de que los papeles manuscritos del ex tesorero, que se enriqueció mientras gestionaba las finanzas del PP, tienen rastros de veracidad, tanto en lo que se refiere a los ingresos como a los pagos reseñados por Bárcenas. La ciudadanía se encomienda ahora a la actuación de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular ha anunciado que investigará los presuntos delitos. No le queda otro remedio, una vez que la respuesta política al escándalo, que ayer personalizó Rajoy, ha dejado sólo frustración y desánimo. No estuvo ni mucho menos a la altura demandada.

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