TODO el mundo habla de Bárcenas. Todo el mundo menos el que más falta hace que hable: Mariano Rajoy, que le mantuvo como tesorero mientras pudo, le siguió pagando ("en diferido", que dijo Cospedal) cuando no tuvo más remedio que hacerlo dimitir y que ahora ha sido señalado por el preso como perceptor de sobresueldos cuando no debía percibir más que su sueldo de ministro.

Mientras el presidente del Gobierno recomienda que sólo hablemos de las cosas importantes, su partido levantó un muro de silencio en el sitio más inadecuado para callar. El ámbito del debate político por antonomasia y de la rendición de cuentas de los gobernantes democráticos: el Congreso de los Diputados. El Grupo Popular, en efecto, vetó el jueves la posibilidad de que el pleno extraordinario de la semana entrante incluya una sesión de control al Gobierno y la comparecencia urgente de Rajoy para explicarse sobre las denuncias de Bárcenas. Blindaron a Mariano.

No digo yo, como la oposición unida, que el PP haya secuestrado la democracia, pero sí es cierto que el abuso de la mayoría absoluta para impedir que se controle al Ejecutivo supone un deterioro de la calidad de la democracia que disfrutamos. Que no es sólo votar libremente cada cuatro años, sino también respetar a las minorías, comparecer ante la institución que representa la soberanía popular, dar explicaciones sobre la conducta de quienes gobiernan y legitimarse con la acción cotidiana, más allá de repetir que el poder se ha ganado en las urnas.

Porque el poder democrático debe ser ejercido democráticamente. Y eso está fallando en España. Vale: Mariano Rajoy manda tanto porque el PP logró la mayoría absoluta más abultada de la democracia (185 diputados), 161 senadores de un total de 265, ganó 11 de las 17 comunidades autónomas y una gran mayoría de los ayuntamientos. Todo porque los ciudadanos así lo quisieron. Pero esta legitimidad plena en origen anda riñendo con prácticas tan poco aceptables como la sobreutilización del decreto como forma de gobernar (29 decretos en 2012, siendo la media anual anterior de 14), las reformas legales para controlar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y la ocupación del Consejo de Estado y los organismos reguladores de la economía por militantes del partido gubernamental

Y como, ahora, el veto en el Congreso a que Rajoy tenga que replicar a Bárcenas.