Rajoy quiere privatizar la costa

EL artículo 132.2 de la Constitución Española dice: "Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental".

El Partido Popular aprobó en el Senado una proposición no de Ley que instaba al Gobierno a acometer una profunda reforma de la Ley de Costas que consiste en hurtar al ciudadano la titularidad pública del suelo litoral para colocarlo en manos de intereses privados.Se trata de cambiar la Ley de Costas por otra del Suelo Litoral para convertir en urbanizables los espacios naturales más valiosos de nuestro patrimonio común con la disculpa de facilitar la actividad económica y generar empleo.

La costa es una zona ambientalmente valiosa que mantiene un frágil equilibrio. Pero, además y en el caso concreto de España, la costa es también un espacio de gran importancia económica, social y cultural.La costa española, como muchas otras, está padeciendo los efectos negativos del cambio climático: retroceso de la línea de costa por elevación del nivel del mar, pérdida masiva de arenas en ciertas playas y aumento de los temporales y de las inundaciones. Por eso es fundamental que las leyes y las inversiones sirvan para proteger nuestras costas y su supervivencia en el futuro, como un espacio seguro y sostenible. Por eso, entre los años 2004 y 2011, el Gobierno Socialista aprobó y aplicó nuevas leyes y normas para proteger el patrimonio natural de España en el litoral y en el mar y aumentó las inversiones destinadas a su protección y recuperación.

El Partido Popular quiere ahora una reforma integral de la Ley de Costas y una supuesta modernización sin trabas para llevar el cemento y el hormigón a la orilla del mar. El argumento del Partido Popular para querer reformar la Ley de Costas es que algunos propietarios que compraron de buena fe una vivienda pegada a la costa, en zonas de dominio público marítimo-terrestre donde no se podía construir, se han visto perjudicados.La vigente Ley de Costas se ha revelado como el mejor instrumento de protección de los derechos generales y de seguridad jurídica para los titulares de bienes particulares. La propia ley ha permitido resolver en vía administrativa la práctica totalidad de los expedientes de discrepancia, salvaguardando los derechos concesionales anteriores a su aprobación en 1988. En más del 95% de las reclamaciones hechas contra los deslindes del dominio público, la justicia ha dado la razón al Estado frente a las pretensiones privadas.

Por tanto, la solución para resarcir a unos pocos perjudicados deberá ser otra, pero en ningún caso puede ser facilitar por ley que se destrocen las costas españolas, parcelándolas en propiedades privadas urbanizables.El litoral español es un patrimonio de todos y el Gobierno -sea su indumentaria política del color que sea- tiene la obligación de cuidarlo y protegerlo para las actuales generaciones y también para las futuras.