EL caso Urdangarín, el escándalo protagonizado por el cuñado del actual Rey de España, y yerno del anterior, entrará en su recta final en el día de hoy, cuando el juez instructor, José Castro, reciba los escritos de calificación de los presuntos delitos y penas solicitadas por las partes personadas como acusaciones en el también conocido como caso Nóos, por el nombre de la sociedad creada por Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres para aprovechar ilícitamente la influencia del primero ante las autoridades políticas de Baleares y la Comunidad Valenciana por su condición de esposo de la infanta Cristina de Borbón. Precisamente el juez deberá tomar, entre otras, la decisión más significativa del proceso: si incluye en el auto de apertura de juicio oral a la Infanta. El fiscal Anticorrupción que ha llevado el caso, es decir, la acusación pública, presentará un escrito de quinientos folios en el cual no acusa a la Infanta penalmente, aunque sí la considera responsable civil a título lucrativo de haber disfrutado de más de medio millón de euros de la partida obtenida por Urdangarín ilegalmente. La Infanta sí es acusada de delitos por el sindicato ultra Manos Limpias, debiendo el juez Castro decidir si le aplica la doctrina Botín o la doctrina Atutxa, dos tesis divergentes en sendos casos en los que no hubo acusación pública. Por lo demás, el escrito de la Fiscalía refleja la gravedad de la supuesta conducta del ex jugador de balonmano: le imputa delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, tráfico de influencias, falsedad documental y delitos fiscales, para los que solicita más de 15 años de cárcel. También están acusados su socio, la mujer de éste, el ex presidente balear Jaume Matas y cuatro ex altos cargos de su gobierno, el vicealcalde de Valencia y otros. Urdangarín y Torres figuran en la visión de la Fiscalía como creadores de una trama corrupta que se apropió de 5,9 millones de euros utilizando la posición del primero como miembro de la Familia Real -de la que fue apartado por don Juan Carlos tras estallar el escándalo- para obtener contratos de asesoramiento y organización de eventos simulando que lo hacía una fundación sin ánimo de lucro pero que, en realidad, a través de un sistema de sociedades pantalla, fueron a embolsar sus patrimonios privados. El caso Nóos, que será zanjado judicialmente en los próximos meses, ha sido el acontecimiento que más daño ha infligido a la Monarquía española y que más descrédito ha causado a la cúspide del sistema institucional de España. Con el juicio y la sentencia se cerrará un capítulo ominoso de nuestra historia reciente. Su propia instrucción revela, sin embargo, que la democracia es sólida y la separación de poderes funciona.