Editorial

Rehenes de la basura en Málaga

DESPUÉS de ocho días de conflicto y con más de 3.400 toneladas de basura en las calles, Málaga ciudad se encuentra en un callejón sin salida y con un escenario de crispación. El daño económico causado es evidente. La imagen turística se ha resentido. Apenas faltan diez días para Semana Santa y los hoteles temen que puedan cancelarse reservas. Los contenedores atestados de desperdicios, junto a los negocios de la hostelería, no son el mejor reclamo para los visitantes. El alcalde comenzó ayer a utilizar personal externo para retirar los residuos que bloqueen vías o supongan un riesgo para la seguridad, lo que propició escenas de gran tensión. Al tiempo exigió a la Junta que elevase el porcentaje de unos servicios mínimos que se han incumplido. Fue la respuesta después de que los trabajadores rechazaran el lunes la última oferta municipal. Una propuesta que sustancialmente recogía el grueso de sus reivindicaciones. Pero la plantilla ha optado por una huida hacia adelante, con la basura acumulada como demoledora arma de presión. El conflicto viene de lejos. Ésta es la segunda huelga en dos años, y hay que sumar un amago y varias amenazas siempre en fechas claves para el turismo. El último convenio colectivo se firmó en 2012 y el comité de empresa exige volver a él. Esgrime una sentencia judicial que, en primera instancia, le otorga la razón. La recuperación de una paga de productividad, el disfrute en verano de sus 36 días de vacaciones, los descansos fijos en sábado y domingo y hasta una cesta de Navidad son ahora reivindicaciones innegociables para resarcirse de los ajustes aplicados en esos puntos durante la crisis económica. El Ayuntamiento de Málaga tampoco se ha atrevido a extirpar el privilegio de estos empleados a dejar en herencia a un familiar directo su puesto de trabajo en caso de fallecimiento. Limasa 3, la empresa mixta que presta el servicio, está constituida en un 51% por capital privado. El resto lo aporta el Consistorio. Pero el contrato de gestión, que expira en 2016, le garantiza un beneficio por decreto. Al final, el propio Ayuntamiento se ve obligado a terciar en las disputas y asumir los costes suplementarios para evitar males mayores. La pésima gestión de unos y la sinrazón de los otros conducen a este círculo vicioso. Pero también resulta incomprensible que España todavía priorice el derecho a la huelga en determinados servicios públicos. Ya es hora de que los partidos arbitren soluciones que también protejan a las víctimas de estas pugnas. Como la constitución de órganos independientes que puedan dictar laudos de obligado cumplimiento para las dos partes y que eviten que los ciudadanos, hoy los malagueños, sean usados como simples rehenes.

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